La Fiscalía de Andalucía ha admitido a trámite la denuncia contra el laboratorio Boehringer Ingelheim por obtener datos confidenciales médicos de cientos de funcionarios de Andalucía y Extremadura.
Según la denuncia, el trabajador había accedido a datos personales y confidenciales de más de 250 funcionarios y pacientes de ambas Comunidades Autónomas. Estos datos fueron enviados después a altas esferas de la farmacéutica, como al consejero delegado y al director de recursos humanos.
Entre los datos había imágenes de recetas, visados médicos e incluso pantallazos del sistema informático de la gestión sanitaria, así como correos privados, y documentación confidencial sobre la gestión clínica. Así lo recoge la denuncia del Defensor del Paciente de Andalucía, recogida por El Confidencial Digital.
Con esta valiosa y confidencial información se ejercieron supuestamente presiones en contra de los criterios de eficiencia y gestión clínica de los funcionarios de las dos Comunidades Autónomas. De hecho, la denuncia apunta que se podría interferir en el uso de medicamentos y en la sostenibilidad del sistema de salud, así como la autorización de visados de inspección médica e incluso en el resultado de subastas de medicamentos.
La denuncia vino tras conocerse el envío de la filtración por parte de trabajador de Boehringer Ingelheim al Departamento Legal y Recursos Humanos donde se especificaba que tenía acceso a información confidencial haciendo uso de su cargo como responsable de Relaciones Institucionales.
Los correos contenían «informes muy delicados y comunicaciones internas de las Administraciones Sanitarias Públicas, recetas y visados de pacientes», y que el trabajador expuso que «en ningún caso» debían haber sido recabados ni utilizados por la organización. No obstante, la información corría rápidamente entre mandos intermedios, llegando a directivos de segundo y tercer nivel, los conocidos como gestores nacionales.
Al no tener una respuesta sobre su denuncia interna, el trabajador dio a conocer los hechos a la Dirección Mundial de Boehringer Ingelheim en Alemania, cuyo consejero delegado, Christian Boehringer, tan sólo respondió que era una cuestión interna de la empresa, por lo que debía resolverse en España.
La compañía alemana exigío pruebas, pero el empleado se negó a facilitarlas alegando que se vulneraría la Ley de Protección de Datos, por lo que se acogió a su derecho de no colaborar.
El trabajador puso entonces una demanda en los juzgados de lo Social, al tiempo que pidió la extinción de su contrato «como legítima conducta al factor desencadenante laboral» que le habría provocado «problemas de ansiedad postraumática y cuadros de amnesia«.
La empresa respondió con la apertura de un expediente sancionador, suspendiendo de empleo y sueldo al trabajador durante 45 días por cometer faltas de colaboración y desobediencia. El trabajador volvió a los juzgados para interponer otras dos demandas, ya que la empresa le modificó sustancialmente las condiciones laborales y rebajar su sueldo a 24.000 euros. El trabajador dio los datos a la Fiscalía, que ya ha admitido a trámite la denuncia.
La compañía desconoce la investigación como tampoco tiene constancia de los hechos denunciados. No obstante, han afirmado, según ABC, que el trabajador es «una persona disgustada con la compañía y que, a resultas de ello, está intentando perjudicarla». A su juicio, el comportamiento del trabajador obedece al conflicto laboral que tiene con la empresa. El trabajador recibió una oferta de «jubilación parcial con el ex empleado, con un complemento abonado por la empresa que representaba aproximadamente un 85% de su salario fijo».
Poco después el empleado «se cogió la baja por incapacidad permanente» y, según la empresa, amenazó con revelar informaciones que perjudicarían a la empresa.