Bruselas, a través de la Comisión Europea, ha dado un ultimátum a España para adaptar la legislación nacional a las directrices europeas en cuanto a la liberalización de los mercados de gas y electricidad se refiere. Hace dos meses, la Comisión Europea dio hasta el 30 de septiembre a España para acometer la verdadera reforma o llevaría el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), junto a otros seis países.
Esta es la segunda vez que Bruselas advierte seriamente a España por no permitir la liberalización del mercado energético, una directiva que debía estar vigente desde 2009, tras aprobarse el llamado «tercer paquete de energía» para romper con las fronteras nacionales y permitir que empresas extranjeras pudieran operar en España.
El comunicado difundido por el Ejecutivo comunitario, urge a España a la «correcta implementación y aplicación» de las medidas que conciernen a sus mercados de electricidad y gas.
«La Comisión encuentra que la actual legislación española impide construir y operar interconexiones con otros estados miembros a empresas que estén fuera del sistema nacional de operadores de electricidad y gas», señaló la CE.
Además, España ha «traspuesto incorrectamente algunas reglas relativas a la independencia de la autoridad reguladora nacional«, indicó la Comisión sin ofrecer más precisiones al considerar que se trata de un «proceso bilateral» entre España y el Ejecutivo comunitario, indicaron fuentes europeas.
La CE ya envió a España una primer aviso por carta en febrero de 2015 y, a partir de ahora, España tiene dos meses de plazo para informar a Bruselas de las «medidas tomadas para remediar la situación».
El mercado único energético, objetivo de Bruselas
Bruselas se puso como objetivo en 2009 la creación del mercado único energético, que proporcionaría un crecimiento económico adicional para 2020 equivalente a entre el 0,6% y el 0,8% del PIB de toda la UE. En ese sentido, subrayaba la importancia de esta operación para superar «la austeridad presupuestaria».
El tercer paquete energético exige a los países medidas como la separación de redes, que aseguren la independencia de autoridades reguladoras nacionales y que mejoren el funcionamiento de los mercados minoristas, ha indicado la CE en una nota.
España se encuentra entre los países con más expedientes sancionadores abiertos por la Comisión Europea por no adaptar la legislación comunitaria en materia de mercado interior.
