El pleno de Gobierno de la Cámara de Comercio de España, conformado por todas las empresas las empresas del IBEX 35, ha advertido de las consecuencias de la independencia de Cataluña, con pérdida de competitividad y de empleo tras salir automáticamente de la UE. Asimismo, defiende la unidad de España y muestra su respaldo a la Constitución.
Entre las empresas que conforman el órgano de gobierno de la Cámara de España se encuentran José Luis Bonet Ferrer, presidente Grupo Freixenet; Rodrigo Echenique, Presidente Santander España; Miguel Valls i Maseda, Presidente Cámara de Comercio de Barcelona; Modesto Piñeiro García-Lago, Presidente Cámara de Comercio de Cantabria; Simón Pedro Barceló Vadell, Copresidente del Grupo Barceló; numerosas cámaras de comercio, y grandes empresas, como Airbus, Almirall, Alstom España, Asisa, Sabadell, CaixaBank, El Corte Inglés, Endesa, FCC, ACS, Barceló, BBVA, Grupo Fuertes, Freixenet, Iberdrola, Inditex, Planeta, Santander, Iberia, Indra, Meliá, Mercadona, Renault, RIU, Respsol, Técnicas Reunidas, Telefónica, CEOE, Acciona, Areas, Bankia, Bergé, Cellnex, Deloitte, Danone, Enagás, Ficosa, Fira de Barcelona, Gamesa, Gas Natural, Gestamp, Lacor, Mondragón, Heineken, LFP, Mutua Madrileña, Orange, Seat, Suez España, Parques Reunidos y Sampol, entre otras.
Ante la convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña, la Cámara de Comercio de España, que representa a las 86 Cámaras territoriales y 35 Cámaras en el exterior, ha manifestado en siete puntos su total rechazo al órdago separatista.
Cataluña es una parte fundamental de España y debe seguir siéndolo. España ni quiere ni debe prescindir de Cataluña, porque constituye una pieza fundamental en su engranaje político, económico y social. Nos unen estrechos lazos históricos, culturales, sociales, económicos y personales que no se pueden soslayar. España es el mercado natural de Cataluña y la aportación del resto de España es fundamental para Cataluña, que ha sido históricamente un pueblo integrador, negociador y dialogante.
La pertenencia a Cataluña no excluye, sino que incluye la pertenencia a España, como incluye la pertenencia a Europa. Son identidades complementarias. Son realidades que pueden, y deben, coexistir.
Cataluña es una economía próspera y uno de los principales motores de España. La prosperidad de Cataluña depende de la actividad empresarial y esta requiere estabilidad, certidumbre y seguridad jurídica. Estas quedan afectadas por la aprobación de leyes inconstitucionales como las de referéndum y transitoriedad en el Parlament de Cataluña suspendidas por el Tribunal Constitucional.
La Comisión Europea ha reiterado que una ruptura unilateral con España supondría la salida inmediata y automática de Cataluña de la Unión Europea, del euro y de otras organizaciones internacionales. La pérdida de competitividad de las empresas catalanas sería muy importante. Es decir, la recuperación económica y la creación de empleo, o lo que es lo mismo, el bienestar de los catalanes, se verían seriamente comprometidos.
En una democracia tiene que prevalecer el orden constitucional y legal vigente, incluyendo la legislación autonómica, por tanto no se dan las condiciones legales, políticas ni sociales para considerar lo que pueda suceder el próximo 1 de octubre como una consulta vinculante sobre la independencia de Cataluña. El Gobierno de España cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio de España y del sistema cameral en su defensa de la legalidad.
La prioridad debe ser la normalización política, social e institucional de Cataluña en beneficio de todos los catalanes y del resto de los españoles. En el plano político corresponderá actuar a los partidos. Con altura de miras, con voluntad de recomponer los cauces de diálogo, siempre en el marco de la Constitución y la ley, con disposición a la negociación y al pacto y con generosidad, para recuperar la normalidad política, social e institucional.
La Cámara de Comercio de España y las Cámaras de Comercio, como entes representativos del tejido empresarial español, trabajarán junto con el Gobierno de España y las instituciones para, dentro de la legalidad y la Constitución, y procurando el interés general, superar la situación de fractura social abierta, consolidar la recuperación económica, crear puestos de trabajo y garantizar el bienestar general.
