Carles Puigdemont es el presidente autonómico mejor pagado de España ya que se embolsa 139.585 euros brutos al año, es decir, 9.970 euros al mes.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, pese a rechazar cualquier cosa que venga de Estado español, se embolsa 139.585 euros brutos al año, sueldo que proviene del bolsillo de todos los españoles. El líder separatista se convierte así en el presidente autonómico mejor pagado, por delante del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
En 2016, la nómina del dirigente de Junts pel Sí disfrutó de una subida del 6,3%, cobrando así 66.504 euros más al año que el Rajoy, es decir un 84,22% más. También los consejeros (109.663), los secretarios generales (84.920) y los directores generales (81.396) separatistas de la Generalitat cobran más que el presidente del Gobierno.
Además, el sueldo de Puigdemont supera al del presidente de Rusia, Vladimir Putin en 19.874 euros; también la cara del separatismo cobra 30.320 euros más que el primer ministro italiano, Mateo Renzi.
Puigdemont llama a declarar la independencia tras una insólita votación
La jornada del 1-O, condicionada por las cargas policiales y un insólito sistema de votación, ha finalizado con la convocatoria del jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, a los partidos para reflexionar «juntos» y un llamamiento del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a aplicar en los próximos días el proceso hacia una declaración unilateral de independencia.
Rajoy ha negado que se haya celebrado un referéndum de autodeterminación en Cataluña y ha dicho que los únicos culpables de lo ocurrido son quienes «han promovido la ruptura de la legalidad y de la convivencia».
El Gobierno catalán, que asegura que se han depositado 2.262.424 papeletas con un 90% a favor del sí, había reconocido ya a primera hora de la mañana que no podía celebrar su referéndum de independencia tal y como había planeado.
Por sorpresa ha anunciado entonces un censo universal y la posibilidad de votar aunque fuera sin sobre, con papeletas impresas en casa, urnas que cambiaban de colegios y sin aclarar el proceso de recuento, incumpliendo así su propia Ley del Referéndum, suspendida por el TC.
