Manuela Carmena quiere ofrecer vivienda municipal o de alguna asociación con la que exista convenio «en la que la persona extranjera podrá permanecer teniendo cubiertas sus necesidades básicas, hasta que se resuelva su expulsión o no del territorio nacional».
El Ayuntamiento de Madrid ha pedido la abolición de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), incluido el de Aluche y ha presentado una batería de medidas para que los jueces no internen a los inmigrantes irregulares como la de ofrecer alojamientos mientras se resuelva su expulsión.
Estas son las conclusiones presentadas en el informe «Madrid y los derechos humanos. La responsabilidad de las ciudades frente a los CIE», que también contempla que los inmigrantes accedan a los recursos municipales durante su internamiento y cuando éste finalice para mejorar su reinserción.
El Consistorio censura la opacidad de estos centros, que definen como «espacios no penitenciarios cuya función instrumental es la de facilitar la expulsión de las personas extranjeras en situación irregular» y creen desproporcionada y «discriminatoria» la privación de libertad «por el simple hecho de cruzar una frontera».
En el caso de que no exista tal arraigo, el Consistorio dará recursos habitacionales para que las personas puedan permanecer fuera del CIE mientras se resuelve su expulsión
Para evitar el internamiento, el Ayuntamiento, a través del Servicio de Asesoramiento a Jueces e Información al Detenido y su Familia (Sajiad) buscará «personalizar» los derechos humanos informando a los juzgados de instrucción sobre el entorno, las circunstancias y el arraigo de los inmigrantes detenidos.
El Consistorio pretende establecer «herramientas prácticas» dentro de sus competencias para evitar el ingreso, para que sufran «lo menos posible» cuando estén internados -ofrecen Sámur y servicios psicológicos- y para que salgan con herramientas para reincorporarse a sus vidas.
Durante la presentación del informe, del que se dará traslado al Pleno, Manuela Carmena ha puesto hoy el acento en que los CIE están cuestionados por incumplir los derechos humanos y ha pedido el fin del sufrimiento «absurdo» y «burocrático».
