“Muerte a la Policía”, es el lema de un grafiti localizado en el centro dotacional del distrito de Arganzuela, situado en la calle Palos de la Frontera, y dependiente del Ayuntamiento de Madrid.
La pintada en cuestión ha levantado un sinfín de críticas entre los madrileños y ya han sido muchos los vecinos que se han quejado del ofensivo ‘eslogan’. “No procede la eliminación de la pintada al ser sobre chapa”, alega Línea Madrid, pese a que todos los madrileños pagan con sus impuestos un servicio de limpieza para que este tipo de mensajes sean borrados.
No retirar el grafiti no sólo supone ignorar las peticiones de los madrileños, sino que también es una vulneración del artículo 510 del código penal: «Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad».
La doble vara de medir de Manuela Carmena y de Ahora Madrid
Por otro lado, una patrulla de la Policía Municipal, pagada del bolsillo de los vecinos madrileñosm protegerá la estatua de Simón Bolívar en el parque del Oeste de Moncloa durante toda la madrugada para evitar que sea atacada durante el Día Nacional de Venezuela que se celebra este miércoles.
Según ha publicado El Mundo, el coche de la Policía permanecerá toda la noche frente al monumento después de que varios jóvenes opositores a Nicolás Maduro se acercasen al mismo durante la tarde de este martes con una pancarta.
Destacar que las protestas contra el gobierno venezolano, que hoy cumplieron tres meses, han dejado 90 muertos, 4 mil 658 personas encausadas y 70 más acusadas por las víctimas, informó este miércoles la fiscal general Luisa Ortega Díaz.