No hay prueba alguna, de momento, que acredite el presunto chivatazo de una «magistrada de la casa» a Ignacio González, ex presidente de la Comunidad de Madrid. Casals ocultó su nombre al juez Eloy Velasco.
Ni el juez instructor del caso Lezo ni los fiscales han podido aún impulsar la investigación sobre el presunto chivatazo a Ignacio González sobre la investigación que se llevaba a cabo sobre él. El único que conoce el nombre de la «magistrada de la casa», como aparece en una conversación telefónica grabada por la UCO, es el presidente de Atresmedia, Mauricio Casals.
Esta magistrada aparecía en una única conversación en la que se alertaba de la investigación sobre González y la reunión del número 2 de Interior, José Antonio Nieto, quien comparece en el Congreso esta tarde por esta cuestión, con Pablo González, hermano del expresidente madrileño que se encuentra en prisión.
No existe ninguna grabación, correo electrónico o intervención telefónica que acredite que en esa reunión, o previamente, Nieto informara a González de la existencia de la investigación que dio lugar a la operación Lezo, como tampoco hay prueba alguna sobre la identidad de esa magistrada.
Los únicos que podrían arrojar luz sobre esas sospechas son el presidente del diario La Razón Mauricio Casals, que fue quien se refirió en esa conversación a dicha magistrada y que en su declaración ante Velasco no desveló su identidad. El otro sería Pablo González, quien en su comparecencia ante el juez se acogió a su derecho a no declarar y Nieto por su parte ha admitido que se reunió con él pero que en ningún momento se abordó la investigación a su hermano.
Esa ausencia de pruebas fehacientes hace por el momento difícil ahondar más allá en los indicios como sí se pudo hacer en el caso del soplo que le dio al ex consejero madrileño Francisco Granados, poco antes de su detención en Púnica en 2014, el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino, alertándole de que la UCO estaba investigando los negocios de su socio David Marjaliza.
Por estos hechos, pendientes de juicio, Anticorrupción pide tres años de cárcel para Granados -en prisión provisional desde hace más de dos años-, así como para Talamino y el amigo de éste, que hizo de mediador en el chivatazo, José Luis Caro Vinagre, guardia civil en excedencia y ex asesor de la Comunidad de Madrid.
En el informe en el que la Fiscalía Anticorrupción se oponía a la puesta en libertad de González, que ayer se hizo público, los fiscales del caso aludían a la «presunta investigación ‘chivada’ del secretario de Estado de Seguridad«, en alusión a José Antonio Nieto. La Fiscalía Anticorrupción, que dirige Manuel Moix, aclaró horas después que el escrito de los fiscales «en modo alguno quiere imputar ningún delito» al secretario de Estado en el presunto «chivatazo» al expresidente regional Ignacio González.
Por otro lado, fuentes de Anticorrupción destacaron que se trata de «conjeturas«, como demuestra el hecho de que no haya ninguna investigación abierta por el presunto «chivatazo». En ese escrito, los fiscales Carlos Yáñez y Carmen García aluden a una reunión entre González y sus hermanos antes de que uno de ellos, Pablo, se reuniese con Nieto, encuentro que el secretario de Estado admitió en una comparecencia en el Congreso.
En la conversación entre los hermanos, grabada el 6 de marzo -dos días antes de la reunión de Pablo González y Nieto-, se «evidenció el interés de todos ellos por conocer quien estaba al frente del Cuerpo Nacional de Policía vinculado a los problemas de Ignacio González por la presunta investigación ‘chivada’ del secretario de Estado de Seguridad», destaca el párrafo del escrito que dio pie a que el número 2 de Interior se viera ayer señalado.