El próximo miércoles por la noche se cumple un año de la resolución de Banco Popular, la drástica y polémica medida de la Junta Única de Resolución para cargar las pérdidas del Popular sobre accionistas y bonistas. La justicia tiene ya más de 259 recursos.
La resolución de Banco Popular, que dejó a cero toda la inversión de 305.000 accionistas y de bonistas de alto riesgo, se juega ahora en el Tribunal de Justicia de la UE, la Audiencia Nacional, tribunales de arbitraje y en EE UU. De momento, los jueces españoles han preferido esperar al veredicto del TJUE para dictar sentencia sobre este caso y evitar así un pronta resolución o un veredicto erróneo. En total hay 297 recursos con la resolución, mientras que el Frob ha rechazado un total de 114, todos los que le llegaron.
Las denuncias, querellas y recursos se centran sobre todo en la actuación de los dos últimos presidentes de Banco Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho. De momento, los accionistas están ganando la batalla a Ron en las primeras instancias judiciales, como la devolución de toda la inversión a un ex accionista de Banco Popular por la ampliación de capital de 2016. Contra Saracho pesa la acusación de hacer caer el precio de las acciones en Bolsa para favorecer una futura ampliación de capital, que nunca se llegó a materializar pero sí anunciar, a precios de derribo. La finalidad era que un grupo de empresarios latinoamericanos se harían con el control total de la entidad. Entre ellos estaría el ex consejero Antonio del Valle, que ha denunciado a Banco Popular en los tribunales estadounidenses.
La Audiencia Nacional admitió a trámite una querella contra Del Valle por la posible manipulación de las acciones en el mercado, un hecho muy complejo de demostrar, pero a tenor de las declaraciones de Saracho, los rumores del mercado y los desplomes de la entidad financiera tomó cuerpo esta denuncia. Saracho anunció una ampliación de capital en el 10 de abril de 2017, no obstante, no dio ni un solo detalle de esta operación, un hecho que sorprendió a propios y extraños y más tratándose de una entidad financiera que había entrado en barrena. Ni los analistas consultados por este medio entendían el por qué se anuncia una operación sin dar a conocer el montante, el objetivo ni fijar las fechas. Todo un despropósito cuyo único resultado fue un soberano varapalo en el mercado. La acción se hundió con fuerza esa misma jornada. Entonces ya circulaban informaciones de que la llamada pinza latina podría hacerse con Banco Popular a precios de derribo, y no fueron pocos los incautos que aprovecharon para entrar en el valor con la esperanza de que subiera. Poco después entraba en escena la potente inversión de la familia chilena Lucksic, que se hizo con el 3% de la entidad financiera. La hipótesis de la pinza latina cogía más fuerza y sentido. Banco Popular se disparaba con fuerza y se alentaban los rumores de una posible fusión a tan solo 21 días de ser resuelto.
Ron está investigado por la ampliación de capital de 2016, mientras que Saracho se le investiga por la manipulación del mercado
Hace justo un año, el Gobierno salía al paso de los incesantes rumores de una situación gravísima en Banco Popular. El ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmaba que la entidad financiera era solvente, el portavoz entonces del Gobierno, Íñigo Fernández de Vigo, aseguraba que la entidad financiera era solvente. Mientras, entidades públicas, administraciones y empresas vinculadas a Fomento y Empleo sacaban el dinero rápidamente de Banco Popular. También lo hicieron Comunidades Autónomas y el Ayuntamiento de Barcelona, movimientos que mostraban que la situación era insoportable y crítica, pese a que se trasladaba un mensaje de tranquilidad a los accionistas.
Ahora, un año después y con varias sentencias condenando a Banco Popular a resarcir a los inversores por la ampliación de capital de 2016, según La Información, Ángel Ron se basa en un informe de PwC, la auditora imputada en la Audiencia Nacional y que en 30 años no había puesto ni un pero en las cuentas de la entidad financiera, elaborado justo después de la resolución para argumentar que la contabilidad de 2016 difiere de la realizada en 2017 debido a los criterios aplicados. De esta forma, asegura que Banco Popular presentó las cuentas con la imagen fiel de la empresa, pese a que los juzgados dictaminan en sentido contrario.
La Audiencia Nacional, por su parte, ha declarado la causa compleja y podrá investigarla hasta abril de 2019, cuando ya se espera que el TJUE tome un decisión al respecto. La JUR, por su parte, continúa ocultando el polémico informe provisional de Deloitte con el que justificó la decisión. La Audiencia tiene así más tiempo para recopilar la información y cotejarla para evitar el cierre en falso de la investigación.
También está en entredicho la actuación del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
Los dos organismos encargados de vigilar el sector financiero no detectaron ni dieron la alarma ante la situación de Banco Popular. La CNMV, de hecho, no prohibió las posiciones cortas en el valor, como sí hizo justo después de la resolución con Liberbank, pese a que los bajistas en el valor tan solo ostentaban el 0,49% frente a más del 12% en Banco Popular, un salvavidas que mantuvo con la entidad financiera asturiana durante tres meses.
El Banco de España vigilaba muy de cerca a Banco Popular, pero sin dictar alarma alguna para proteger a los inversores. Nadie avisó de la posible resolución de la entidad financiera, y se ponía el foco sobre los depósitos, que finalmente no se vieron perjudicados. El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, dejó entrever en el Congreso que «quizás» debieron intervenir Banco Popular en 2012, año en el que perdió 2.461 millones. Cinco años más tarde, las pérdidas de Banco Popular superaban los 12.000 millones.
El Popular fue liquidado la noche del 6 al 7 de junio y el Santander lo absorbió por el precio simbólico de un euro.
