El caso de Las Teresitas, una operación de compraventa del frente de la playa de ese nombre de Santa Cruz de Tenerife, fue «un plan urdido» por políticos, funcionarios y empresarios que supuso un saqueo de 100 millones a las arcas públicas.
Esta afirmación está contenida en la sentencia conocida hoy, que condena a seis de los trece acusados a penas que suman 33 años de prisión. El principal encausado es el ex alcalde de la capital tinerfeña Miguel Zerolo, de Coalición Canaria (CC), quien ha sido condenado por la sección segunda de la Audiencia Provincial a siete años de cárcel por malversación y prevaricación, los mismos que para el ex concejal de Urbanismo Manuel Parejo.
Los dos empresarios involucrados, Antonio Plasencia, ex presidente de la patronal de la construcción provincial (Fepeco), e Ignacio González, ex presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, han sido condenados a cinco años y seis meses, mientras que los entonces funcionarios de la Gerencia de Urbanismo José Tomás Martín y Víctor Reyes deberán cumplir cuatro años y medio el primero y cuatro años el segundo.
Los acusados, además, deberán indemnizar al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con 52,5 millones de euros por la operación de compraventa del frente de playa y con otros 9,1 millones por la plusvalía generada por la recalificación de las propiedades privadas de la parte trasera, más los correspondientes intereses.
El tribunal considera que el convenio de compraventa del frente de playa «encarna el resultado de la actuación arbitraria, contraria a la legalidad y al interés público» llevada a cabo por Zerolo, Parejo, Reyes y Martín, que cometieron «delitos de prevaricación y malversación en una actuación concertada» en la que también participaron los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia.
En concreto, sobre el ex alcalde Zerolo la sentencia afirma que era conocedor de la manipulación del precio de compra y que hay indicios de su papel directivo en la operación.
Según la sentencia, de 167 páginas, los dos empresarios adquirieron en 1998 los terrenos en primera línea de la playa de Las Teresitas por 33 millones de euros, con un préstamo de CajaCanarias cuestionado por el Banco de España y otorgado «en condiciones extraordinariamente llamativas».
El crédito era el más elevado de la historia de CajaCanarias y se concedió sin estudios previos a la sociedad Inversiones Las Teresitas, propiedad de los dos empresarios, uno de ellos, Ignacio González, consejero de la entidad de ahorro.
Una parte de esos terrenos, once parcelas del frente de playa con un valor de mercado de unos 20 millones de euros, fue adquirida por el Ayuntamiento tinerfeño en 2001 por 52,5 millones, mediante un convenio en el que además se trasladaba el aprovechamiento urbanístico a las parcelas de la trasera de la playa, que quedaron en manos de los dos empresarios y que fueron vendidas posteriormente por 90 millones de euros.
La transferencia del aprovechamiento urbanístico y el cambio de uso de parte del suelo privado se realizó «a título gratuito, a costa del interés público y sin contraprestación de ninguna clase», según la sentencia.
En el expediente del convenio urbanístico fueron omitidos tres informes de tasación emitidos por la Universidad Carlos III, la arquitecta municipal Pía Oramas y por la empresa Pool Gest, que valoraban los terrenos en torno a 20 millones de euros.
Solo se incluyó la «valoración mutilada» de Sociedad de Tasación, por 47 millones de euros, así como un informe de Tinsa que lo elevaba hasta 60 millones.
Según la sentencia, los acusados consiguieron todos los informes favorables para tramitar el convenio, que fue aprobado por unanimidad de los grupos políticos.
