La Mesa por la Democracia, conformada por la ANC, Òmnium Cultural -cuyos presidentes están imputados por delito de sedición-, UGT y CC OO en Cataluña, junto a las patronales Cecot y Pimec, no descarta movilizaciones en caso de que se aplique el 155 o haya detenciones de los golpistas.
La Mesa por la Democracia ha afirmado que las movilizaciones serían «pacificas y consensuadas», más tras sumarse a la huelga política regional del pasado 3 de octubre. Este ente ha afirmado que no tolerará que haya acciones que coarten derechos y libertades, pero en la Audiencia Nacional han tenido que acudir los presidentes de la ANC, Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, por un presunto delito de sedición, y se pueden enfrentar a 15 años de cárcel.
Según esta plataforma, llevar a juicio a quien ha elaborado una estrategia para la independencia real de Cataluña es «una acción político judicial desproporcionada» y un «ataque» a la libertad de expresión, reunión y manifestación. Se refieren justo al asedio que sufrieron guardias civiles y la secretaria judicial del Juzgado 13 de Barcelona el pasado 20 de septiembre durante el registro a la Consejería de Economía. En aquella concentración, propagada por los aparatos subvencionados por la Generalitat de Cataluña, los agentes tuvieron que hacer noche en el edificio mientras fuera eran destrozados tres patrol de la Benemérita. La secretaria judicial tuvo que salir por el tejado ante el temor a ser agredida.
Lejos de condenar estos hechos, la Mesa por la Democracia ve «injustificable» la investigación de personas activas de la sociedad civil catalana, que señala que en todo momento han defendido «una actitud cívica y pacífica«. Esta plataforma ha remarcado que el delito de sedición por el cual se les investiga es «una acusación propia de conflictos bélicos», por lo que insiste que esta causa queda «totalmente fuera de lugar«.
Por todo ello, la Mesa por la Democracia pide que se pare esta investigación como un «paso necesario para el restablecimiento de la normalidad democrática e institucional del Estado español». Sànchez y Cuixart han acudido a su cita ante la Audiencia Nacional para declarar por segunda vez investigados por sedición, un delito penado de entre 8 a 15 años de cárcel.
La Audiencia Nacional investiga el asedio a la Guardia Civil el pasado 20 de septiembre durante el registro policial de la consellería de Economía, así como los sucesos ocurridos durante el referéndum del 1-O.
