Colau expedienta a un propietario por echar a unos "okupas"

El Ayuntamiento de Barcelona, dirigido por Ada Colau, expedienta al propietario de una finca que había obtenido la orden de desalojo para expulsar a okupas.
El Ayuntamiento de Barcelona vuelve a ponerse de parte de los «okupas», como ya hiciera la concejal de Barcelona en Comú Podem Laura Pérez y otros miembros y concejales de la CUP con «la Buenaventurada». El Consistorio de la Ciudad Condal trata así de frenar la orden de desalojo del edificio, mientras busca soluciones para los ‘okupas’, que aún permanecen en algunos pisos.
El propietario de La Rimaia, situado en el número 12 de la Ronda de Sant Pau, en el barrio del Raval, se enfrenta a una dura sanción de 5.000 por cada una de las viviendas vacías, y en caso de reiteración la multa podría ascender a 500.000 euros. El Ayuntamiento se escuda en el uso «anómalo» del edificio y afirma que el inmueble mantenía los pisos vacíos de forma «injustificada» y permanentemente.
Colau sí se ha acogido a la Ley del Derecho a la Vivienda para iniciar la tramitación de este expediente que puede derivar en la sanción máxima estipulada. A juicio del Ayuntamiento, el dueño del inmueble se habría negado a poner estos pisos en alquiler, más cuando está en una de las zonas más conflictivas de Barcelona.
De esta forma, el propietario tendrá que pagar 5.000 euros por cada una de las cinco viviendas del inmueble, otra de 50.000 euros -10.000 euros por piso- por el conjunto total de las viviendas al ser multas coercitivas por mantener los pisos vacíos y una tercera de otros 75.000 euros -15.000 euros por vivienda-. Si se demuestra que hay reiteración, la sanción alcanzaría los 500.000 euros.
Durante estos últimos años, los okupas se han extendido por Barcelona. En este edificio, el trasiego de familias y jóvenes que viven de dar la patada en la puerta ha sido constante, hasta que ha llegado la orden de desalojo a las cuatro familias que aún residen en el interior.
Desde el Ayuntamiento tratan ahora de buscar soluciones a estas familias, mientras multan al propietario, mientras cree conveniente que se suspenda la orden judicial de desalojo.