Colau obliga a la Policía Local a proteger a los okupas

Como en el mundo al revés, el Ayuntamiento de Barcelona, liderado por Ada Colau y el PSC, ha creado un protocolo dirigido a la policía local para proteger a los okupas de propietarios particulares o empresas que pretendan desalojarlos de manera «extrajudicial».
En concreto esta medida va dirigida a empresas como Desokupa, a la que el equipo de gobierno de Ada Colau ha llevado ante la fiscalía. El pasado 28 de febrero el jefe de la Guàrdia Urbana, Evelio Vázquez, informó a sus agentes de que las formas utilizadas por estas empresas o particulares para conseguir el desalojo de fincas ocupadas no se ajustaba a derecho, “correspondería intervenir para evitarlo”.
Para el teniente de alcalde, Jaume Asens, las prácticas de estas empresas “violan” la ley de la vivienda. Es por ello que la podemita Colau (Barcelona en Comú) exige a la policía local que impida las desocupaciones sin orden judicial cuando los grupos de la oposición la están acusando de proteger a okupas que también están al margen de la ley.
Desde ERC, Ciudadanos y PP critican la actitud de Colau por considerarla excesivamente condescendiente con los okupas, un movimiento del que la actual alcaldesa formó parte. El ayuntamiento de Barcelona no tiene ninguna intención de desalojar Can Vies, un edificio del barrio de Sants que el ex alcalde Xavier Trias intentó derribar. Los incidentes callejeros se prolongaron durante una semana.
En la ciudad siguen existiendo edificios que se identifican con el movimiento okupa. La Kasa de la Muntanya, un antiguo cuartel del barrio de Gràcia, cumplió 25 años de okupación en 2014. Can Masdeu, una antigua leprosería de Collserola, lleva 15 años.