«El Colegio de la Abogacía de Barcelona manifiesta la necesidad de cumplir las garantías legales en la realización de entradas y registros en edificios públicos». Con este titular encabeza su comunicado el ICAB.
El ICAB asegura que cualquier entrada o registro debe cumplir necesariamente con las garantías previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como si el juez no hubiera seguido escrupulosamente el reglamento o la Guardia Civil hubiera practicado registros y detenciones sin seguir órdenes judiciales. Asimismo, se erige como abogado defensor a los posibles detenidos del próximo 1-O que no cumplan con las sentencias judiciales ante el referéndum ilegal. Así, dará «cobertura con todos los medios a su alcance a este servicio, a fin de garantizar la tutela judicial efectiva».
Es el primer comunicado de estas características que realiza el ICAB sobre los registros y posibles detenciones en una consulta ilegal. Además, «recuerda que las garantías establecidas en dicha Ley son de cumplimiento imprescindible en cualquier caso».
«En este sentido, la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé específicamente que la entrada y registro en un edificio o lugar público (como lo son aquellos que están destinados a cualquier servicio oficial de la Administración de la Generalitat), además de reunir las garantías formales exigibles para cualquier otra entrada o registro, requiere que el juez haya oficiado previamente a la Autoridad competente o al jefe del que dependa en la localidad en que se encuentre ubicado el edificio, estableciendo un plazo para responder el oficio», prosigue. «Sólo después del cumplimiento del plazo establecido se puede proceder a hacer la entrada y registro», ha afirmado. La instrucción de este caso corre a cargo del juzgado de Instrucción 13 de Barcelona.
«El Colegio de la Abogacía de Barcelona manifiesta la necesidad de que en este momento, como en cualquier otro, se dé cumplimiento escrupuloso por parte de las autoridades judiciales, fiscales y policiales a las garantías que la Ley de Enjuiciamiento Criminal tiene establecidas por a las actuaciones de entrada, registro, así como para las detenciones y el resto de actuaciones policiales y judiciales», afirma el ICAB. «Estas garantías son las que avalan el Estado de Derecho como mecanismo de garantía de los derechos de las personas», afirma.
En ningún caso hace referencia al por qué ha entrado la Guardia Civil en la Consejería de Economía de la Generalitat, ni tampoco el motivo por el cual se ha detenido al número dos de Oriol Junqueras.