La Superintendencia de Sociedades de Colombia impuso una multa de 5.078 millones de pesos (unos 1,7 millones de dólares) a Inassa, filial latinoamericana de la española Canal de Isabel II, por un «soborno trasnacional» en Ecuador.
«La decisión se tomó luego de que la delegatura de asuntos económicos y contables de la Superintendencia de Sociedades declarara que Inassa había incurrido en la conducta de soborno trasnacional», dijo el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes.
Según Reyes, la sanción a Inassa es «por haber ofrecido o efectuado pagos a funcionarios públicos ecuatorianos en el año 2016», sin dar más detalles.
Inassa, que tiene su sede en la ciudad colombiana de Barranquilla, está involucrada también en las investigaciones por corrupción en el Canal Isabel II, en España, en lo que se conoce como caso Lezo.
Además, Inassa «deberá publicar en un medio de amplia circulación y en un lugar visible de su página web, un extracto de la decisión anunciada por la Superintendencia de Sociedades».
La compañía puede interponer contra la sanción un recurso de reposición «dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del mencionado acto administrativo».
A raíz del escándalo destapado en España por las operaciones de Canal de Isabel II, la Fiscalía, la Procuraduría (Ministerio Público) y la Contraloría (tribunal de cuentas) de Colombia abrieron el año pasado investigaciones a Inassa en el país.
La justicia está investigando al Canal Isabel II por la compra de Inassa. En concreto se pagaron 83 millones de euros en 2001, la filial latinoamericana de la empresa pública, que solo valía 8 millones un año antes.
Son precisamente los registros en Inassa los que provocaron la tensión en el seno interno de la Fiscalía Anticorrupción. Y es que, Manuel Moix, el fiscal jefe de este departamento se negó por escrito a que la Guardia Civil los llevara a cabo debido a los supuestos delitos podrían estar prescritos. No obstante, este término lo debe sentenciar un juez, y no un fiscal. De hecho, el escrito produjo un enfrentamiento con el resto de fiscales anticorrupción, quienes en Junta, rechazaron la decisión de Moix.
La UCO no solo ha retrocedido en el tiempo para averiguar las últimas compras de empresas realizadas por Inassa, sino que también se ha remontado a la propia filial del Canal Isabel II en Latinoamérica, una operación por la que se pagaron 83 millones de euros en 2001, cuando Alberto Ruíz-Gallardón estaba en la Presidencia de la Comunidad de Madrid.