La «constitución catalana», elaborada por el suspendido juez Santiago Vidal, entre otros, borra al español de las instituciones y de la enseñanza, pese a ser la lengua mayoritaria de los catalanes. El borrador del texto presentado este miércoles a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, lo ha escrito el suspendido juez Santiago Vidal, y ahora ex senador de ERC, y pretende ser el inicio del llamado «proceso constituyente», el paso previo a la independencia de Cataluña.
En su despacho de la Cámara catalana, Forcadell ha recibido a una veintena de personas que forman la plataforma «Constituïm» (Constituimos), creada para redactar un borrador a partir del trabajo previo del juez suspendido y ex senador de ERC, Santiago Vidal, y de sugerencias ciudadanas.
Tras la reunión, el portavoz de Constituïm, Jordi Domingo, ha asegurado a los periodistas que Forcadell ha recibido «magníficamente bien» su propuesta y les ha garantizado que la remitirá a la comisión de estudio del «proceso constituyente«.
Aunque es un texto articulado, Domingo ha aclarado que no es un documento «cerrado», sino una «herramienta de trabajo» que se puede «desmenuzar» si quienes lo analizan lo consideran necesario.
En el preámbulo del texto, se define a Cataluña como una «nación ribereña del Mediterráneo» que inicia «un nuevo camino» sobre los «pilares» de la «plena consideración de la voluntad democrática de sus ciudadanos y la fraternidad y armonía con el resto de naciones».
En el articulado, se indica que Cataluña se constituye como «un Estado libre, soberano, democrático, social, ecológico y de derechos» en forma de «república ciudadana y participativa» de modelo presidencialista.
En el régimen lingüístico, la «lengua nacional y oficial» sería el catalán, mientras que al castellano tendría «un estatus jurídico especial, como patrimonio cultural y de cohesión que hay que respetar, garantizar y proteger».
Un estatus que se debería definir en una eventual ley pero que, según Domingo, tendría que proteger el uso del castellano, incluso en la interlocución con la administración. El texto también otorgaría rango de oficialidad al aranés, que se habla en el Valle de Arán, pueblo que tendría «derecho a la libre determinación«.
En el borrador no varían los símbolos ni la capitalidad que recoge el Estatut, mientras que, en cuanto a la «nacionalidad catalana«, el texto señala que se adquiriría «por nacimiento, filiación, adopción, matrimonio, residencia o por opción«.
El borrador no incorpora nada específico sobre un eventual ejército catalán, pero sí habla de una «Agencia Nacional de Seguridad y Defensa», mientras que en la carpeta económica la supuesta república basaría su sistema en el libre mercado, regulado bajo criterios sociales y ecológicos, y tendría un «banco central».
El texto, de 79 páginas, regula otros aspectos como la libertad religiosa (ninguna confesión tendría carácter oficial), asilo, el derecho a la privacidad, a la libertad de expresión e información o a constituirse en pareja (de igual o diferente sexo).