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Corte UE desestima recurso de Celsa contra multa por participar en un cártel

Bruselas, 2 jun.- El Tribunal General de la Unión Europea (UE) desestimó hoy un recurso presentado por cuatro sociedades que forman parte del grupo siderúrgico Celsa contra una multa de más de 54 millones de euros impuesta por Bruselas por su participación en un cártel.

La Comisión Europea sancionó en 2010 un cártel en el que participaron proveedores de acero para pretensado entre los años 80/90 y 2002, una decisión que matizó en dos ocasiones posteriores, pero que mantiene y contra la que presentaron varios recursos las empresas en cuestión.

La Comisión consideró que las cuatro sociedades -Moreda-Riviere Trefilerías, Trefilerías Quijano, Trenzas y Cables de Acero PSC (Tycsa PSC) y Global Steel Wire, todas ellas pertenecientes al grupo Celsa- constituían una única entidad económica.

Estas empresas estimaron que les resultaba imposible pagar las multas (que sumaban un total de 54.389.000 euros) sin poner en peligro su viabilidad, por lo que pidieron que esto se tuviera en cuenta y se redujera el importe de las multas, lo que fue rechazado por la Comisión.

El cártel consistía en operaciones de fijación de cuotas, reparto de clientes, fijación de precios e intercambio de información comercial sensible relativa a precios, volúmenes y clientes, a escala tanto europea, como regional y nacional.

La Comisión estimó que las 18 empresas que se reunían en lo que llamaron «Club Zurich» o «Club Europa», y que también mantenían encuentros a nivel regionales en los «Club España» y «Club Italia», habían incumplido la ley comunitaria que prohíbe las prácticas concertadas dentro de la Unión.

En su sentencia de hoy, el Tribunal General desestima los ocho recursos de las cuatro sociedades y da la razón a la Comisión Europea, pese a que las compañías niegan su responsabilidad en el cártel.

Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución. EFE

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