La presunta coordinadora de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) detenida el pasado martes, Tamara C.G, y a quien la Fiscalía investiga por rebelión y terrorismo por dirigir los «actos de sabotaje» de Semana Santa, ya se encuentra en la Audiencia Nacional a la espera de declarar ante el juez.
Según la Fiscalía, tanto la detenida como el huido «habrían desarrollado actividades de dirección y coordinación» en los actos de «sabotaje» que los CDR llevaron a cabo durante la pasada Semana Santa, concebidos para provocar «un clima de agitación social».
De hecho, la Fiscalía ha considerado penalmente a los saboteadores de los CDR de forma similar a como se hizo en su día con los llamados grupos Y de apoyo a ETA, al calificar como terrorismo sus actos de sabotaje por estar dirigidos a «subvertir el orden constitucional», indicaron a Efe fuentes jurídicas.
Los separatistas, como es usual, han puesto el grito en el cielo tras la detención de Tamara C.G
El diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián ha denunciado que está habiendo una «caza» a los independentistas por sus ideas políticas y ha criticado que se esté «investigando, persiguiendo y encarcelando» a gente solo por tener «silbatos, caretas y mapas en sus casas».
Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, ha afirmado que los tribunales españoles están poniendo en «jaque» los derechos sociales y democráticos y ahora depende de la ciudadanía que «no sea jaque mate».
Tardá ha asegurado que España se está «jugando la calidad de la democracia que tanto costó conquistar».
El diputado del PDeCATJoan-Feliu Guillaumes ha calificado de «despropósito democrático» las decisiones judiciales y ha asegurado que ahora es el momento de «defender los derechos civiles de todos los ciudadanos».
Guillaumes ha incitado a toda la ciudadanía a que «reaccione ante este despropósito».
Por otro lado, el diputado del Parlamento de Cataluña por Junts pel Sí Antoni Castellà ha afirmado que la presunta líder de los CDR está siendo víctima de «la violencia judicial» del Estado español.
En relación a las decisiones judiciales de diversos países de la Unión Europea sobre las extradiciones solicitadas por la justicia española, ha pedido al Estado que tenga en cuenta que «empieza a hacer el ridículo en términos europeos»,
Para el también diputado de la CUP en el Parlamento de Cataluña Carles Riera esta decisión judicial es una muestra de que «se están perdiendo oportunidades para llevar al terreno político» la cuestión de Cataluña que, en sus propias palabras «nada tiene que ver con rebeliones, ni mucho menos con terrorismo».
Cuando los separatistas sí pedían cárcel a los manifestantes
Una vez más los independentistas utilizan su doble vara de medir y las redes recuerdan cuando en 2011 el Parlamento de Cataluña pidió 3 años de cárcel para los manifestantes de los Indignados que rodearon pacíficamente el Parlament. Entonces encarcelar por «protestar» no parecía convertirles en «presos políticos».
El Parlament de Catalunya pidió 3 años de cárcel para los manifestantes de los Indignados q rodearon pacíficamente el Parlament. La Generalitat pidió 3 años de cárcel para 4.
Entonces encarcelar por «protestar» no parecía convertirles en «presos políticos»https://t.co/m26vVQZvql— Meteko (@pMeteko) 12 de abril de 2018
En 2014, la Audiencia Nacional absolvió a 19 de los 20 acusados, lo que provocó la indignación de la Generalitat que recurrieron el fallo en 2015.
El Supremo anuló la sentencia y condenó a 8 de ellos a tres años de cárcelhttps://t.co/m26vVQZvql— Meteko (@pMeteko) 12 de abril de 2018
Ese mismo año Convergència presentaba una enmienda a la Ley Antiterrorista (pensada contra el yihadismo) según la cuál para ser terrorismo bastaban los DESORDENES PÚBLICOS. #15M pic.twitter.com/N5lS4vB3lH
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Entonces para la Generalitat de Catalunya, la condena a cárcel por una manifestación pacífica no convertía a sus responsables en «presos políticos» sino que concordaba con el «sentiment de Catalunya».
El «un sol poble» pero entonces del lado de encarcelar.https://t.co/E5HqSjryWl— Meteko (@pMeteko) 12 de abril de 2018
Y para el precidenciable Jordi Turull, encarcelar a quien se había manifestado tampoco era crear «presos políticos», sino que era castigar un GOLPE DE ESTADO.#15M pic.twitter.com/rI8BO5bO9W
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