(Actualiza la YL4049 con más datos)
Barcelona, 12 may.- La CUP propone incorporar en los presupuestos de la Generalitat todas las tasas e impuestos suspendidos por el Tribunal Constitucional (TC) como el de depósitos bancarios, nucleares o viviendas vacías, recuperar el de sucesiones y reconvertir el de patrimonio para gravar las grandes fortunas.
En una conferencia política de la CUP en su sede nacional con el título «¿Qué entendemos por presupuestos de ruptura?», la diputada autonómica Eulàlia Reguant ha definido los principales criterios que su formación considera básicos para aceptar los Presupuestos que elabora el Govern de Junts pel Sí (JxSí).
Según Reguant, hay que proponer medidas contundentes «para conseguir una estructura tributaria más justa y equitativa, con mayor capacidad recaudatoria y más eficaz contra el fraude», a fin de introducir «cambios significativos en la estructura del tramo autonómico del IRPF, el bajo y el alto».
También proponen «una reformulación del impuesto de patrimonio hacia un impuesto de grandes fortunas, y recuperar el de donaciones y sucesiones» para que su recaudación se equipe a la del año 2008.
Reguant ha reclamado, en todo caso, «más audacia política» para desarrollar nuevos impuestos, pero ha mostrado una predisposición mayor a negociar los presupuestos con el conseller de Economía, Oriol Junqueras, de la que evidenciaba la CUP meses atrás.
«Estamos en una legislatura excepcional -ha dicho- y, sin esta circunstancia, la CUP no se plantearía negociar un presupuesto secuestrado por las políticas austericistas de la UE, con un Govern más favorable a políticas neoliberales que no anticapitalistas».
En este contexto, ha dicho Reguant, la CUP es consciente de que sólo hay margen para «aprobar las migajas de la miseria» y que el nuevo presupuesto puede ser «un instrumento estratégico para acabar con el autonomismo», junto a otros «como el proceso constituyente, la hoja de ruta y la declaración del 9N».
Ahora bien, ha matizado, deben ser unas cuentas que «recuperen derechos y no sirvan sólo para políticas caritativas», lo que debe traducirse, ha apuntado, en recursos para aplicar el plan de choque de 270 millones de euros consensuado con JxSí. EFE
