Denuncian a 8 alcaldes de pueblos españoles por mantener nombres franquistas

El abogado Eduardo Ranz, que ya demandó al Ayuntamiento de Madrid por no retirar nombres de calles o vestigios que se relacionam con el General Franco, denunciará mañana por incitación al odio a ocho alcaldes de pueblos españoles con denominación franquista, al considerar que incumplen la Ley de Memoria Histórica. En Madrid, esa demanda ha provocado una grave situación en el consitorios madrileño porque se han retirado o se han intentando retirar calles o monolitos que nada tienen que ver con el régimen del General Franco y ha provocado una honda división en la sociedad madrileña, que, sin embargo, observa como sus calles están llenas de basuras o unos tirititeros ahorcan a un juez o a una monja, proclaman gora ETa o enseñan a nimos el manual contra la democracia y todo ello contratos por la concejalía de cultura del propio ayuntamiento

También presentará en la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) una petición para cambiar los nombres de estos ocho pueblos -a los que se suman tres pedanías- relacionados con Franco. Además, solicitará la retirada de subvenciones y la pérdida de derechos de pertenencia a la Femp. Como se ve, el derecho a decidir sólo es aplicanle a los catalanes que pretenden independizarse de España y no a los habitantes de los pueblos muchos de ellos naciodos o que crecieron gracias a los planes de repoblación de Franco..

Los pueblos a los que esté abogado a puesto ahora en el punto de mira de una polémica ya olvidada por muchos, pero aún en la memoria -o desmemorai histórica de unos pocos son: Águeda del Caudillo (Salamanca), Alberche del Caudillo (Toledo), Guadiana del Caudillo (Badajoz), Llanos del Caudillo (Ciudad Real), Villafranco del Guadiana (Badajoz), Quintanilla de Onésimo (Valladolid), Alcocero de Mola (Burgos), San Leonardo de Yagüe (Soria), Villafranco del Guadalhorce (Málaga), Bembézar del Caudillo (Córdoba) y Queipo de Llano (Sevilla), son los nombres de los entes locales para los que se pide su retirada.

El letrado, especializado en memoria histórica y derechos humanos, aunque sólo de una parte de la visión de la realidad, olvidando la otra, presentará a su vez once peticiones ante las diputaciones provinciales solicitando la retirada de subvenciones, para cumplir con la ley de memoria histórica.