Madridlovale ha denunciado a tres concejales del gobierno de Manuela Carmena por de regularización de 88 familias okupas de pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS).
La organización de vecinos sin ánimo de lucro ha tomado la decisión, este martes, de denunciar a tres miembros de Ahora Madrid y a una edil del PSOE, socio de investidura del Gobierno de Manuela Carmena.
Hemos interpuesto denuncia por prevaricacion y desobediencia contra @AhoraMadrid @PSOEMadridAyto por la regularización de OKUPAS en la EMVS
— Madridlovale (@Madridlovale) 11 de octubre de 2016
La denuncia se interpone contra «Marta Higueras Garrobo, Primera Teniente de Alcalde, José Manuel Calvo del Olmo, Delegado de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, Carlos Sánchez Mato, Delegado de Economía y Hacienda, pertenecientes al Grupo Municipal de Ahora Madrid y a María de la Mercedes González Fernández Portavoz del Grupo Municipal Socialista».
Según han publicado en su página web oficial, Madridlovale ha tomado esta decisión ya que el comportamiento del gobierno de Carmena es»arbitraria» y «choca frontalmente con la legislación vigente», lo que, a su juicio, podría constituir un delito de «prevaricación».
«El acuerdo se toma con la finalidad de hacer caso omiso a numerosas resoluciones judiciales condenatorias por delitos de usurpación que se dictaron como consecuencia de las acciones interpuestas por la propia EMVS durante la pasada legislatura», destacan. Añaden que » el propio acuerdo denota una clara intención de desobedecer los eventuales pronunciamientos judiciales que hubieran podido recaer sobre los ocupantes sin título legítimo».
¿Y PP y Ciudadanos?
Los representantes de PP y Ciudadanos en el consejo de administración de la sociedad municipal se opusieron a este proceso de legalización, además los partidos políticos que con sus votos propiciaron el cambio en el reglamento de la EMVS «no tienen intención de regular situaciones excepcionales».
«Más bien, lo que realmente se pretende es establecer un procedimiento flexible, fácil de cumplir, tendente a facilitar la regulación de situaciones delictivas sin existir marco legal alguno para poder llevarse a cabo», explica la plataforma.
Carmena abrió en septiembre un plazo de seis meses para las 88 familias que «okupan» inmuebles de propiedad municipal y que están «en riesgo de exclusión» puedan acceder a la condición de inquilinos, pagando un alquiler social y cumpliendo una serie de requisitos. Madridlovale ha solicitado como medida cautelar provisional la anulación provisional del acuerdo ya que es «contrario al ordenamiento jurídico y lesivo para los numerosos demandantes de viviendas de protección pública».