La diputada de Podemos Andalucía Esperanza Gómez ha recordado algunos de los casos de los funcionarios “acosados” mediante expedientes tras destapar el fraude masivo multimillonario de los cursos de formación en Andalucia, más conocidos como los EREs.
La portavoz ha recordado que Susana Díaz se opone a que haya una oficina anticorrupción independiente, que “no dependa de la Administración de la Junta, sino del Parlamento, para establecer unos mecanismos” que sirvan “no sólo para conocer” esos casos, sino “para prevenirlos“.
Gómez ha resaltado también que en el juicio de la pieza política de los ERE, los miembros de la UCO, Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, están declarando como testigos y están tirando por tierra las declaraciones de los 24 altos cargos de la Junta imputados, incluidos los expresidentes Chaves y Griñán.
Sobre todo se ha referido a la declaración del comandante de la UCO que aseveró que el Consejo de Gobierno de la Junta conocía el sistema de concesión de ayudas y que estas iban a “familiares” y personas afines al PSOE-A de Susana Díaz. A su vez el agente dijo que la investigación de la Junta sobre los intrusos no guardaba “los requisitos mínimos para ser tenidos en cuenta”.
Gómez resaltó que por ello Susana Díaz veta “la oficina anticorrupción independiente” ya que, alertó la diputada, existen un gran “número de casos de corrupción que asolan al Gobierno de Susana Díaz”.
La portavoz destacó que “en los casos que estamos conociendo, existen actitudes de acoso a toda aquella persona que denuncia la corrupción” como “el testigo protegido en el caso de los cursos de formación, con el funcionario que denunció el amaño de contratos millonarios del Plan Infoca, y con testigos que han delatado las mordidas en el caso de la Fundación Guadalquivir. (…) Se está convirtiendo en un clásico el acoso a testigos que denuncian la corrupción. (…) Otro clásico es culpar a los funcionarios (…) ante la posibilidad de que se descubra el funcionamiento de lo que empieza a parecer una trama mafiosa en determinados ámbitos de la administración, sistemáticamente el PSOE-A crea un cordón sanitario responsabilizando a los funcionarios”.
Gómez recordó el reciente caso de “los papeles falsificados enviados a juicio por la Consejería de Educación por los nombramientos a dedo” en la Delegación de Sevilla. “Si esto pasa, haya o no algún funcionario implicado, algo que tendrá que decir la justicia, siempre hay una responsabilidad política, y nos parece que la Junta está obviándola una vez más”.
