Ciudadanos mantiene el pacto con el PSOE andaluz pese a la imputación del consejero de Economía, Antonio Ramírez de Arellano. La actitud del grupo político contrasta con la actuación en el Ayuntamiento de Granada, donde la formación de Luis Salvador ha expulsado al alcalde del PP, imputado por presunta corrupción urbanística, y colocado al socialista Francisco Cuenca al frente del Consistorio, en solo 15 días.
Susana Díaz ya ha asegurado que mantendrá a Ramírez de Arellano en la Consejería de Economía, y afirma que el caso en el que está investigado es una mera «pelea entre arquitectos de la Universidad de Sevilla por una biblioteca» y a «un tema administrativo». No obstante, la Fiscalía no ve que se trate de un «tema administrativo», sino de la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento público, delitos de corrupción.
«No vamos a pedir la dimisión de Arellano porque hasta ahora que sepamos no hay ningún delito de corrupción política. Yo le puedo exigir al PSOE lo que tiene firmado con Ciudadanos, que es un acuerdo de regeneración democrática en el que se dice que ningún imputado por corrupción política puede estar al frente de una institución», ha asegurado la formación.
Ha indicado que ha hablado con el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, del que ayer se publicaron «declaraciones un tanto confusas», y ha agregado que el consejero le ha hecho llegar la documentación y que de ahí entiende que «no hay motivo» para pedir su dimisión. En su opinión, la dirección nacional de Ciudadanos «está muy tranquila», y que cuando se les preguntó a los dirigentes por este caso «no tenían toda la información».
El consejero tendrá que declarar el próximo 10 de mayo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), tras abrir diligencias previas contra Ramírez de Arellano el pasado 12 de abril. De esta forma, Ciudadanos se da más margen con el Gobierno de Díaz que con el municipal de Granada. Asimismo, la formación se limita solo a amenazar con romper el pacto, en vez de romperlo como han hecho hoy en Granada, una doble vara de medir.
Según el juez del TSJA, basado en informes policiales, los presuntos hechos «conducen a apreciar la posible existencia de irregularidades en los procesos de contratación por la Universidad de Sevilla del proyecto básico, el estudio preliminar de instalaciones, el proyecto de ejecución y la dirección de obra» del Centrius, «que pudieran haber perseguido una elección no concurrencial de un determinado estudio de arquitectura en detrimento de otros».