Dos ex concejales de IU y PSOE, en el banquillo por la venta de suelos de Mercasevilla

Dos exconcejales de IU y del PSOE de Sevilla se sentarán en el banquillo a partir de este martes, junto a otros ocho encausados entre empresarios y técnicos, por la venta «fraudulenta» de los suelos de Mercasevilla realizada en 2006.
El juzgado de lo penal 13 de Sevilla ha fijado 24 días para el juicio, el último de ellos el 10 de marzo, y los tres primeros se dedicarán a la exposición de las cuestiones previas por parte de los abogados. La juez Mercedes Alaya afirmó que en este caso se cometieron los delitos de fraude y exacciones ilegales y de prevaricación.
Entre los acusados se incluyen Rodrigo Torrijos; el ex concejal del PSOE Gonzalo Crespo; el ex asesor del grupo municipal del PSOE Domingo Enrique Castaño, el ex gerente de Mercasevilla Fernando Mellet; y el ex asesor jurídico de la lonja, el abogado Jorge Piñero.
La Fiscalía de Sevilla pide dos años de cárcel para Torrijos y para el exconcejal del PSOE además de ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público.
También están acusados el presidente del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez; el vicepresidente y consejero delegado de Sando, Luis Sánchez Manzano; el ex vicepresidente del área inmobiliaria de Sando, José Luis Miró Morales; la ex jefa de Vía Pública de Urbanismo María Victoria Bustamante y el economista José Antonio Ripollés.
El juicio estaba previsto que comenzara en diciembre pasado para que el juzgado pudiera resolver las cuestiones previas antes de reanudarlo este martes.
Sin embargo, las cuatro jornadas de diciembre se suspendieron tras la petición, por enfermedad, del exportavoz de IU en el Ayuntamiento, Antonio Rodrigo Torrijos, uno de los diez acusados.
La juez que instruyó el caso, Mercedes Alaya, dictó en abril de 2015 un auto de apertura de juicio oral por la venta «fraudulenta» de suelos de Mercasevilla en 2006, que se adjudicaron a Sando por 106 millones de euros frente a los 158 millones que ofreció su competidor, según la Fiscalía.
 
El fraude se habría cometido, según el auto de apertura de juicio oral, por el «concierto previo» entre los acusados para que el concurso de los suelos «fuera adjudicado mediante artificio y en contra de la legalidad a la entidad Sanma, defraudando así a los intereses generales de la ciudad de Sevilla y de la propia Unidad Alimentaria».