Dos exportavoces de Batasuna en Francia, que se enfrentaban a 7 años de cárcel, han aceptado una condena de año y medio a cambio de reconocer que intentaron renovar la cúpula de la ilegalizada formación y que usaron los partidos que la sucedieron, los también ilegalizados PCTV y ANV.
La condena que ahora impondrá la Audiencia Nacional a Xavier Philippe Larralde y Jean-Claude Aguerre ha sido aceptada en virtud del mismo acuerdo con la Fiscalía y la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) que el alcanzado en 2016 por 35 miembros de estos partidos, entre ellos los históricos dirigentes de Batasuna Pernando Barrena y Juan José Petrikorena.
En aquella ocasión los acusados se enfrentaban a 10 años de cárcel y finalmente fueron condenados a penas de hasta dos años, evitando así entrar en prisión.
En aquel acuerdo, la Fiscalía y las acusaciones pactaron esas condenas a cambio de que aceptasen los hechos, «asumiendo que su conducta fue contraria a la legalidad vigente» y comprometiéndose a «la renuncia a cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia» de cara a contribuir «a la reparación a las víctimas por el daño y sufrimiento» causado.
Ahora, en aplicación de dicho acuerdo, Larralde y Aguerre -que no acudieron al juicio de 2016 al encontrarse en Francia- también podrán eludir la prisión.
El ministerio público sitúa desde octubre de 2005 hasta 2009 el período referente a la renovación del entramado institucional de ETA-Batasuna.
El fiscal José Perals cree que la «colaboración» entre Batasuna y Acción Nacionalista Vasca (ANV) «se compró» en una reunión el 24 de enero de 2003 en la que rechazaron la ilegalización o suspensión judicial de Batasuna.
Y sostiene que la «instrumentalización» de ANV se acreditó en la «sumisión» de esta formación en su actuación política a las directrices marcadas por Batasuna y en la existencia de un sistema de tesorería común o caja única entre la formación que había sido entonces ilegalizada, ANV y PCTV.
En cuanto al Partido Comunista de las Tierras Vascas, cuyas sedes usaban los dirigentes de Batasuna, la Fiscalía sostiene que fue «fagocitado» por Batasuna tanto a nivel de contratación de personal proveniente del entorno institucional de ETA como a través del uso de fondos que fueron desviados a dicho entramado a través de transferencias «on line».
Además, considera la Fiscalía que en la «lucha político-institucional» utilizada por ETA, además de las mociones presentadas por PCTV, el «peso fundamental» recayó en los grupos municipales de ANV, especialmente en las localidades en las que controlaban el ayuntamiento a través de la convocatoria de consultas ciudadanas y de la constitución de una «red de electos contra el tren de alta velocidad».