La vía a la Declaración Unilateral de Independencia está cada vez más cerca. Los independentistas han elaborado un plan en caso de ruptura real con el resto de España y alertan sobre la inviabilidad de una Cataluña independiente a corto plazo.
En el registro a la Consejería de Economía, entre el 19 y 20 de noviembre, llevado a cabo por la Guardia Civil, se incautó de numerosa documentación sensible para el independentismo. El documento, un manuscrito encontrado en el despacho del secretario de Hacienda catalán, Lluís Salvadó, apunta a un escenario de enfrentamiento contra el Estado, donde las nóminas de los funcionarios corren peligro una vez cerrado el año 2017. En este sentido, están analizando si se puede «afrontar el primer pago de nóminas» o bien hasta cuándo habrá liquidez suficiente para garantizar el funcionamiento de la administración catalana, según publica La Vanguardia.
Bonos patrióticos
Para hacer frente a estos pagos, la Generalitat emitiría los denominados bonos patrióticos, unos pagarés de deuda cuyos intereses se dispararían ya que Cataluña tiene la calificación de bono basura y con la amenaza de perder la calificación. Asimismo, la Generalitat estudió también el traslado de sus propias cuentas a París. El informe hallado en el despacho de Salvadó no identifica ningún nombre ni tampoco firma. Cabe recordar, que la Generalitat con José Montilla, del PSC al frente, se emitieron dos bonos al 4,5% y 5% de interés, mientras que las comisiones por la colocación alcanzaban el 2,25%. En total, Cataluña pagó un 6,75%, y el dinero fue devuelto a los inversores con el Fondo de Liquidez Autonómico.
El texto muestra dos escenarios muy preocupantes. Uno de guerra y otro de guerrilla. En el primero de ellos, se estudian las medidas que tomaría el Gobierno contra la Generalitat y la actuación judicial contra «los máximos responsables de las instituciones catalanas». Asimismo, se tiene en cuenta la aplicación del 155, como tomar el control de la autonomía y suspender los pagos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y de los anticipos a cuenta, pero garantizando el pago de las nóminas de los funcionarios. El Ministerio de Hacienda, dirigido por Cristóbal Montoro, ya ha reforzado el control sobre las cuentas de la Generalitat, y ni se ha cortado el FLA ni tampoco se ha dejado de pagar a los funcionarios.
Plan para reventar la caja única de la Seguridad Social
Asimismo, la Generalitat ya ha activado la obligación a las empresas públicas o con participación pública de pagar los impuestos a la Hacienda catalana, tal y como recoge este manuscrito. En total, habría unos 4.500 millones en ingresos procedentes del IRPF y cotizaciones sociales de los funcionarios, un dinero que debe pasar por el Ministerio de Hacienda y que se debe ingresar en la caja única de la Seguridad Social. No obstante, según este plan, se emplaza a la Generalitat a romper este sistema. No obstante, la realidad es que sólo 4 o 6 de las 180 empresas y organismos públicos hacen la declaración a través de la Agencia Tributaria Catalana.
“Activar un plan de ajuste de gasto del Gobierno catalán y atrasando los pagos a proveedores”. Era parte del manuscrito encontrado en la Consejería de Economía. Pero la realidad, es que con la intervención de Montoro no es posible activarlo. En caso de guerrilla, la «capacidad de sostener tesorería hasta diciembre» con un mes crítico: en julio de 2018, ya que deben devolver a CaixaBank y BBVA unas líneas de crédito por valor de 3.547 millones.