La agencia de calificación de riesgo Moody’s resaltó hoy que el nombramiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro de la Presidencia pone de manifiesto las «prioridades políticas» del Gobierno, en detrimento de la «consolidación fiscal».
Moody’s también advierte en un comunicado que la situación política podría «complicar» la perspectiva de crédito de Brasil.
El pasado febrero Moody’s retiró el sello de «buen pagador» a Brasil, al rebajar su nota de «Baa3» a «Ba2», con «perspectiva negativa».
Fitch y Standard & Poor’s también le retiraron a Brasil el sello de buen pagador y, al igual que Moody’s, justificaron esa decisión en el oscuro panorama económico y político del país.
Brasil se encuentra sumido en una grave crisis, la cual hoy ganó un nuevo capítulo con el nombramiento de Lula, acusado formalmente de blanqueo de dinero y falsificación documental.
Como ministro, Lula será aforado, por lo que tan sólo podrá ser juzgado por el Tribunal Supremo Federal y no por una corte común.
Críticas de los empresarios
El presidente de la mayor y más influyente patronal del Brasil, Paulo Skaf, tildó hoy de «golpe contra la nación brasileña» el nombramiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como nuevo ministro de la Presidencia.
Skaf, que dirige la Federación de Industrias de Sao Paulo (Fiesp), afirmó en un breve comunicado, de solo un párrafo, que «la llegada de Lula al ministerio de la Presidencia es un golpe contra la nación brasileña».
El poderoso gremio empresarial es un firme opositor del Gobierno de Dilma Rousseff, contra quien defiende la apertura de un juicio político con miras a su destitución, que tramita en el Congreso desde finales del pasado año y podría ser retomado en los próximos días.
La FIESP, que en reiteradas ocasiones ha pedido abiertamente la renuncia de Rousseff, dio además apoyo a las manifestaciones contra la mandataria que el pasado domingo congregaron, según la Policía, a 3,6 millones de personas en cientos de ciudades y fueron las más concurridas de la historia del país.
El nombramiento de Lula ha sido recibido, no obstante, con cautela por parte del mercado financiero, que en los últimos días había castigado la posibilidad, ahora confirmada, de que el exmandatario se sumara al gabinete de Rousseff.
Lula asumirá una de las carteras más destacadas del Gobierno de su sucesora y ahijada política, una posición que podría utilizar para unir fuerzas entre la fragmentada base aliada con vistas al eventual juicio político.
La elección de Lula para sustituir a Jaques Wagner se produce cuando el expresidente encara varias causas abiertas con la Justicia, que lo investiga por presuntos delitos de lavado de dinero vía ocultación de patrimonio y falsedad documental, sospechas que han llevado a la Fiscalía de Sao Paulo a denunciarlo formalmente.
En calidad de ministro, Lula gozará de fuero privilegiado, de modo que las causas en su contra solo podrán ser tramitadas en la Corte Suprema.
Críticas de la oposición
El expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso consideró hoy «escandaloso» el nombramiento de Luiz Inácio Lula da Silva como nuevo ministro de la Presidencia, porque «puede convertirse en reo» en un proceso judicial, informaron medios locales.
Cardoso criticó el nombramiento de Lula en un discurso pronunciado durante un seminario celebrado en una empresa de seguros en Sao Paulo, según informaron varios diarios brasileños.
En su discurso, Cardoso invitó a la población a «reaccionar enérgicamente» contra el nombramiento de Lula y también hizo críticas personales a quien fue su sucesor en la presidencia de Brasil.
«No se puede dirigir el país siendo analfabeto», dijo Cardoso, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), según las palabras recogidas por los medios.
Lula es hasta ahora el único brasileño que llegó a la Presidencia sin cursos universitarios y su mayor graduación es un curso técnico de tornero mecánico, algo de lo que se enorgullece el exmandatario.
El Gobierno brasileño confirmó hoy que Lula, que ha sido salpicado en las últimas semanas por asuntos de corrupción, será el nuevo titular del Ministerio de la Presidencia, la cartera más influyente del gabinete de la presidenta, Dilma Rousseff.
En una nota oficial, Rousseff informó de que Lula asumirá esa cartera, que hasta ahora estaba en manos de Jaques Wagner, quien pasará a ser jefe de gabinete.
Rousseff pone a salvo a su padrino
El ex jefe de Estado brasileño Luiz Inácio Lula da Silva logró hoy, por el momento, esquivar la mano del estricto juez Sergio Moro, al aceptar la cartera de la Presidencia en el gabinete de Dilma Rousseff, un nombramiento que lo convierte en aforado y lo blinda ante la Justicia.
Dos de los procesos abiertos contra Lula están en manos de Moro, juez del Tribunal Federal de Curitiba que ha absorbido el grueso de las investigaciones del caso de corrupción de Petrobras y que ya ha dictado 84 condenas, entre ellas a importantes empresarios, directivos de la petrolera y políticos sin fuero privilegiado.
Además, Lula es investigado por la Policía en otras dos causas, por supuesto tráfico de influencias y por su posible participación en un presunto fraude fiscal cometido por fabricantes de automóviles.
A pesar de la multiplicación de las causas abiertas, los abogados de Lula han puesto especial énfasis en evitar que los procesos caigan en manos de Moro, el magistrado que ordenó el interrogatorio al que fue sometido el ex jefe de Estado el pasado 4 de marzo.
Ahora, este juez deberá remitir las causas relativas a Lula al Tribunal Supremo, en cuya jurisdicción se investiga a 94 políticos aforados por el caso Petrobras, pero donde las diligencias discurren más despacio.
Sin embargo, Moro sí retendrá las causas contra la esposa de Lula, Marisa Letícia Lula da Silva, y su hijo mayor, Fabio Luiz, que también son investigados por la justicia.
Con su decisión, Lula pareció haber incorporado, por lo menos en las formas y de manera preventiva, una frase atribuida a él por medios locales y que habría pronunciado en 1988: «En Brasil es así. Los pobres cuando roban van a la cárcel, los ricos se vuelven ministros».
Lula ha sido investigado de forma paralela por las fiscalías de Sao Paulo y la Federal de Curitiba por hechos relacionados, motivo por el cual la jueza de Sao Paulo a la que se le adjudicó uno de los casos declinó su competencia y lo remitió a Moro el pasado lunes, aunque este magistrado aún no ha anunciado si acepta el proceso.
El caso más avanzado era precisamente el de Sao Paulo, en el que la fiscalía presentó una denuncia formal contra Lula por el delito de lavado de dinero y falsificación de documentos.
La acusación solicitó que se expida una orden de prisión preventiva contra el expresidente para evitar que interfiera en las investigaciones.
La fiscalía acusó a Lula de ocultar que es el dueño de un apartamento de lujo en la ciudad costera de Guarujá (Sao Paulo), que está a nombre de la constructora OAS, una de las investigadas en el caso Petrobras, extremo que niega el ex jefe de Estado.
La propiedad de ese apartamento también es investigada en Curitiba, donde los fiscales han apuntado indicios de que ese inmueble podría ser una forma de pago de sobornos relacionados con el caso de corrupción petrolera.
La causa de Curitiba es más amplia y también cuestiona la propiedad de una finca rural en Atibaia (Sao Paulo) que usa Lula frecuentemente y además investiga las donaciones recibidas en los últimos años por el Instituto Lula y el pago de las conferencias que pronunció después de dejar la presidencia en 2011.
Las conferencias también son blanco de una investigación abierta el pasado julio en la Fiscalía de Brasilia, que considera que pueden esconder el pago de sobornos a cambio de que Lula supuestamente usara su influencia para conseguir favores del banco de fomento del Gobierno para esas constructoras.
Además, la Policía investiga la posible participación de Lula en un supuesto fraude cometido por empresarios del sector automotor que habrían sobornado a funcionarios para obtener ventajas tributarias entre 2009 y 2015.
Lula fue citado a declarar en relación a ese caso en calidad de testigo puesto que uno de sus hijos, Luis Cláudio Lula da Silva, firmó un contrato en 2012 con una firma citada como intermediaria del pago de sobornos.
Esta no es la primera vez que Lula se enfrenta a los tribunales a lo largo de su vida política.
En plena dictadura, cuando era un conocido líder sindical, Lula estuvo detenido 31 días en abril 1980 en régimen de prisión preventiva por liderar una gran huelga contra el régimen militar, acusado de violar la ley de Seguridad Nacional.
En la cárcel, Lula y sus compañeros cumplieron seis días de huelga de hambre y su encarcelamiento contribuyó a inflamar aún más las protestas de los trabajadores contra la dictadura.
Una vez en la presidencia, Lula fue investigado por la Policía por el gran caso de corrupción que hizo tambalear su Gobierno en 2005, pero no fue procesado, pues el Supremo no halló pruebas documentales sobre su supuesta participación en los hechos, a pesar de que sí fueron condenados algunos estrechos colaboradores.
Esa red usó fondos públicos para sobornar a dirigentes de otros partidos políticos para que votasen en el Congreso a favor de los proyectos del Gobierno.
Entre los 25 condenados por el caso figuran importantes dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT) que fueron durante décadas estrechos colaboradores de Lula, entre ellos el exministro José Dirceu, y los entonces presidente del partido, José Genoino, y tesorero de esa formación, Delubio Soares.
