Mientras la CNMV alerta del riesgo para la Bolsa y la prima de riesgo, incrementando los costes de financiación de las empresas, si el conflicto en Cataluña se prolonga, el Ministerio de Economía asegura que no se va a dar ese escenario.
No obstante, el Ministerio de Economía constata una «ralentización» en el crecimiento de Cataluña, que se comprobará en los próximos días, según ha afirmado la secretaria de Estado de Economía, Irene Garrido. Este menor crecimiento del PIB «está empezando a tener efectos en la economía general», ha continuado, siguiendo así las previsiones del Gobierno de Mariano Rajoy, que ha reducido el crecimiento del PIB en un 0,3% debido a Cataluña.
En concreto, son 3.000 millones de euros menos en la producción total de España, por lo que se generará menos empleo del previsto, y por tanto menos ingresos en impuestos en las arcas públicas. Al mismo tiempo, 1.302 empresas han salido de Cataluña desde el pasado 1 de octubre, según los datos de los registradores, entre ellas la de la prima del propio presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que salió el pasado 13 de octubre, tal y como publicó Intereconomía.com. Y todo ello sin que se haya producido una independencia real de Cataluña, aunque el jueves está previsto que Carles Puigdemont acuda al Parlamento catalán para iniciar la votación para proclamar unilateralmente la independencia.
Los independentistas aseguran que la fuga de empresas obedece a «presiones» desde Moncloa y tratan de minimizar el número de empresas que han huido de Cataluña. Son sólo 1.300 de las más de 260.000 que tiene Cataluña. Sin embargo, obvian la representatividad de las mismas: solo entre las 40 más grandes que han salido equivale a un tercio del PIB catalán, por lo que el riesgo de una independencia real conllevaría la salida de sedes operativas y por tanto se incrementaría el paro exponencialmente en la Comunidad Autónoma.
En declaraciones a los medios tras intervenir en unas jornadas organizadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Garrido ha puntualizado que aunque la situación afecta a la economía del conjunto del país, el impacto se concentra «fundamentalmente en la economía y la sociedad catalana«.
La secretaria de Estado ha descartado que esta incertidumbre se prolongue en el tiempo y que vaya a producirse una independencia, aunque la situación ya ha derivado en salidas de empresas, «paralización de inversión» y ralentización.
Por otra parte, durante su intervención, Garrido ha puesto en valor la Ley de Defensa de la Competencia, que ahora cumple diez años y que supuso un «hito de enorme relevancia» al introducir las mejores prácticas, como el programa de clemencia o la graduación de las sanciones.
Sin embargo, han surgido «nuevos retos», derivados de la evolución digital y el nuevo contexto económico, por lo que el Gobierno trabaja en un anteproyecto de ley para la racionalización de los organismos supervisores y la mejora de la competencia.
Esta normativa, que prevé dividir la CNMC en dos organismos -uno dedicado a la defensa de la competencia y otro para la supervisión de los mercados-, pondrá en marcha «herramientas poderosas para el buen funcionamiento de los mercados», que después repercutirán en la economía.
Ciertos sectores están experimentando «una profunda transformación», con entrada de nuevos actores y modificación de la estructura, unos cambios a los que la regulación tiene que dar respuesta porque «sin competencia los mercados se fosilizan». «La magnitud de los retos» exige «contar con una estructura de supervisión de los mercados y de defensa de la competencia eficaz, independiente, transparente y suficientemente dotadas», ha insistido.
El proyecto normativo está actualmente en el proceso de redacción de textos y consulta pública, ya que se trata de «una ley muy compleja» que «abarca muchísimos campos».
