La farmacéutica Boheringer Ingelheim es el epicentro de este caso en el que se investiga la supuesta filtración de cientos de datos personales de pacientes de Andalucía y Extremadura. Ahora se investigará desde Barcelona.
El traslado desde Andalucía se debe a que la sede en España de la farmacéutica se encuentra en Barcelona. En la investigación no aparece ninguna persona con residencia en Andalucía y en Extremadura. De esta forma, la Fiscalía, según publica El Confidencial Digital, ha decidido que sea la Fiscalía Provincial de Barcelona quien investigue.
El caso se destapó tras la denuncia de un trabajador. Este ex trabajador aseguró que los datos se habían recopilado de forma ilícita y fueron difundidos entre la cúpula y algunos directivos de la firma. Los nombres de datos personales corresponden a pacientes y funcionarios, así como pantallazos sobre la gestión sanitaria de Andalucía y Extremadura.
En el caso, Boheringer Ingelheim podría haber usado supuestamente los datos para incrementar las presiones sobre la gestión clínica y sanitaria de las dos CC AA, es decir, ejerciendo el papel de lobby con el objetivo de interferir en las políticas sanitarias. Entre los datos había imágenes de recetas, visados médicos e incluso pantallazos del sistema informático de la gestión sanitaria, así como correos privados, y documentación confidencial sobre la gestión clínica.
La farmacéutica Boheringer Ingelheim trató así de influir sobre una alerta de la máxima autoridad sanitaria de EE UU, la FDA, por el riesgo de cetoacidosis diabética relacionado con uno de los productos usados en los medicamentos de la firma alemana, Linagliptina. Según el diario, se instaba a revisar los tratamientos con fármacos SGLT2 (dapagliflozina, canagliflozina o empagliflozina) y evaluar si se relacionan con un incremento de la enfermedad en pacientes con diabetes de tipo 2, la más común entre los diabéticos.
La cetoacidosis diabética puede provocar al enfermo dificultades para respirar, náuseas, vómitos, dolor abdominal, confusión y fatiga inusual o somnolencia, llevando incluso algunos casos hasta la muerte. Andalucía pidió el listado por médico de los enfermos tratados con alguno de estos medicamentos.
El listado se filtró desde la Administración a Boehringer Ingelheim, que denunciaba así la «discriminación y un agravio comparativo» respecto a otros tratamientos. La empresa inició así presión para evitar una perjuicio sobre otro de sus productos contra la diabetes tipo 2.
