Solo dos acusaciones pueden ejercer este derecho en el caso Edu, donde se investigan presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos de personas vinculadas al PSOE. Ni la Junta de Andalucía ni la Fiscalía quieren continuar como acusación.
El fiscal Luis Fernández Arévalo ha pedido al juez del juzgado 5 de Instrucción de Huelva que archive la causa, pese a los claros indicios de delito que había encontrado. En abril, el fiscal pidió el archivo del caso, y ahora ni la Junta de Andalucía, en manos de Susana Díaz, con el apoyo de Ciudadanos, ni el fiscal quieren continuar con la instrucción del caso.
Sin acusación no hay caso y todo ello con imputados del PSOE de por medio. Este caso investigaba los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos procedentes de cursos de formación para parados. Entre otros estaba imputados el ex delegado provincial de Empleo de la Junta, Eduardo Muñoz, y otros seis cargos de este mismo departamento, la mayoría cercanos al número 3 de la Junta de Andalucía, Mario Jiménez.
Según ABC, el enfado del juez se ha vertido en críticas por escrito contra el fiscal y la Junta. Y es que, Fernández Arévalo tendría una estrecha y familiarmente vinculación con altos cargos del PSOE andaluz, motivo por el que ha trasladado el auto a la Fiscalía Superior para poner de manifiesto la conducta del fiscal.
El juez pone el foco en el cambio de parecer de la Fiscalía. Lo que eran indicios de delito pasaron a no ser pruebas suficientes, una explicación vaga y criticada por el magistrado.
Pese a ser la gran perjudicada en el caso por la presunta malversación de caudales públicos, la Junta de Andalucía, que exigió personarse como «víctima» por este agujero, ha solicitado ahora el sobreseimiento, evitando que los andaluces pudieran recuperar su dinero cuyo fin eran desempleados.
Para el Gobierno de Susana Díaz no había irregularidad en la concesión y gestión de las subvenciones de los cursos, por tanto no habían existido los delitos investigados, y ahora archivados.
Y es que, según la Junta, dar subvenciones a empresas y personas sin que hayan cumplido los requisitos y sin haber comprobado después el destino del dinero no es motivo suficiente para continuar con el caso. «Concurre el elemento subjetivo necesario para la conformación del tipo penal de prevaricación», ha señalado el juez, que sí ve «suficientes indicios de delito en la actuación del personal perteneciente a la Delegación de Empleo de Huelva, que ha permitido, por acción u omisión, que se dilapide y se malgaste el dinero público destinado a la formación, principalmente, de personas desempleadas».
