El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que ejecutar los Presupuestos del PP tras pasar su último trámite en el Congreso de los Diputados. Las cuentas contemplan un incremento de las pensiones del 1,6%, mientras que el IPC les hará perder poder adquisitivo al desbocarse al 2,3%.
Los Presupuestos de 2018, que tendrán que ejecutarse en seis meses, fueron pactados por el Gobierno de Mariano Rajoy justo antes de la moción de censura del PSOE, con la que Pedro Sánchez accedió a la Moncloa con tan solo 84 diputados. El PSOE tendrá que ejecutar unas cuentas que ha votado en contra, por lo que no se descartan incumplimientos, más después de que no se hayan aprobado aún medidas para rebajar el gasto ni subir los impuestos, aunque es más que previsible que aplicará una batería de tributos, con creación de figuras nuevas sobre la banca, impuestos verdes, modificaciones en el IRPF y Sociedades, así como aumentar los ingresos por cotizaciones sociales en un 4,5% tras el pacto alcanzado con patronal y sindicatos.
Además de la subida del 1,6% en las pensiones, con una inflación del 2,3%, los Presupuestos contemplan una reducción de la deuda pública al 97% del PIB, mientras España pagará por los intereses de la deuda 31.547 millones de euros. El techo de gasto para este 2018 se situaba con una deuda pública del 97,6%.
El trámite de los Presupuestos, pactados con PNV, Ciudadanos, Coalición Canaria, Foro Asturias y UPN, ha tenido varios sustos tras la moción de censura. El PP tenía en su mano enmendar los 700 millones de euros concedidos al País Vasco, pero tan solo sufrió un recorte de apenas 40 millones de euros. Eso sí, los ‘populares’ esperan ahora la presentación del techo de gasto para confeccionar las cuentas del 2019, un trámite obligatorio y al que se oponen sea cual sea el texto del Ejecutivo, por lo que el PSOE se encontrará entre la espada y la pared en caso de prorrogar los Presupuestos, ya que no podrá cumplir con sus promesas como vincular las pensiones al IPC, principal medida con la que se presentó en la moción de censura.
En el Senado, el PP introdujo hasta 46 enmiendas, de las que 32 se han aprobado con los votos en contra del PSOE, incluyendo la subida de la ayuda a los damnificados por la talidomida, así como imponer las inversiones viarias y ferroviarias en Aragón, a las que también se han opuesto los socialistas. Además, se celebrará la 50ª edición del festival Internacional de Jazz de Barcelona, la 4ª edición de la Barcelona World Race o el Automobile Barcelona 2019, todo ello con dinero público.
El PNV disfraza su traición acusando al PP de actuar con «venganza»
Asimismo, el PNV no tendrá un castigo por su traición al PP, ya que los recortes de 32 millones al País Vasco han sido rechazados. Por ello, la diputada del PNV Idoia Sagastizabal ha considerado en el debate que el comportamiento del grupo popular era de «venganza contra la sociedad vasca» y ha dejado claro que su grupo «nunca ha sido socio del PP (…) No hubo acuerdo de Legislatura, sólo de apoyo a las cuentas».
Al respecto, el diputado popular Jaime de Olano ha indicado que en todos los presupuestos tramitados en democracia, salvo en 2017, se han introducido enmiendas en el Senado, «así que no vean fantasmas donde sólo hay normalidad democrática. Ni venganza ni situación anómala», ha apostillado.
De Olano ha asegurado que estos Presupuestos son «buenos» porque combinan el impulso económico y la creación de empleo y amplían la partida del gasto social, al tiempo que ha atribuido el «logro» al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro.
Además de la subida de pensiones, las cuentas incluyen la subida del 1,75 % de los sueldos de los funcionarios y deducciones en el IRPF para rentas bajas, medidas que tendrán que ser aplicadas ahora por el Gobierno socialista.
El diputado del PSOE José Javier Lasarte ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a trabajar por España y por los ciudadanos, y que lo hará desde el diálogo y el respeto para lograr acuerdos pensados para el interés general.
Desde el grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el diputado Alberto Garzón ha considerado «extraña» la situación de unos presupuestos planteados por un grupo, que los ha enmendado en el Senado, al tiempo que ha manifestado su apoyo a la enmienda para aumentar las ayudas a los afectados por la talidomida.
No obstante, los ha calificado de «malos» porque no sólo no revierte los recortes, sino que «busca empequeñecer el espacio público».
También ha manifestado su apoyo a la enmienda sobre la talidomida el diputado de Ciudadanos Antonio Roldán, que ha asegurado que estos presupuestos mejoran la vida de 13 millones de personas, aportan estabilidad, rebajan los impuestos a 3 millones de mileuristas o implantan un complemento salarial para los jóvenes.