El Gobierno de Mariano Rajoy no se fue sin más tras la moción de censura. Dejó una petición para poder defender a la Junta Única de Resolución ante el Tribunal de Justicia de la UE en el caso Banco Popular.
En vez de defender a los 305.000 accionistas, muchos de ellos trabajadores que habían acudido a la ampliación de capital de 2016, junto con bonistas de alto riesgo, el Ejecutivo de Rajoy inició un procedimiento para defender a la JUR ante el más alto tribunal de la UE, que investiga solo 6 de los 97 recursos recibidos tras la resolución de Banco Popular.
La solicitud del Gobierno insta a que el Reino de España «sea admitido a intervenir […] en apoyo de la JUR». «El Reino de España, representado por don Santiago Jiménez García, Abogado del Estado de la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en calidad de Agente, siendo el domicilio de notificación el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación […], tiene el honor de solicitar ante ese Tribunal, conforme a las disposiciones conjuntas del artículo 40 del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el artículo 143 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, el ser admitido a intervenir en el precipitado asunto en apoyo de la Junta Única de Resolución», recoge el documento, según ha publicado Diario16.
Desde el Ministerio de Economía, dirigido ahora por Nadia Calviño, aseguran a Intereconomía.com que el procedimiento se ha interpuesto y que se debe a un paso «rutinario». «Es una forma de estar dentro del proceso», afirman para conocer de primera mano «todo lo que está ocurriendo», continúan las mismas fuentes.
No obstante, no aclaran por qué se insta a que España sea defensora de la JUR y no como apoyo a los 305.000 accionistas de la entidad financiera. El TJUE admitió esta solicitud realizada por el Ministerio de Economía el pasado 14 de noviembre de 2017, tan solo cinco meses después de que que se procediera a la resolución de la entidad financiera. El TJUE ha aceptado a trámite esta solicitud el pasado 5 de julio.
Tampoco hará público el informe de Deloitte
El Gobierno de Pedro Sánchez ha afirmado a este diario que no echará marcha atrás el procedimiento, por lo que será parte del mismo, siempre y cuando le permita el TJUE.
De esta forma, el Gobierno del PSOE mantiene la misma postura que el de Rajoy, que por boca de Luis de Guindos, ha aplaudido el «éxito» de la resolución de Banco Popular, pese a los 305.000 afectados directos. Según decía el ex ministro de Economía y vicepresidente del Banco Central Europeo, la operación se saldó sin que haya costado «un euro» a los españoles. No obstante, tanto la JUR como organismos internacionales ya han abierto la puerta al pago de indemnizaciones, señalando directamente a Banco Santander como el culpable de todos los males, pese a que la entidad financiera que compró Popular por un simbólico euro tuvo que hacer frente a una ampliación de capital de 7.000 millones de euros y solo intervino después de la resolución.
Preguntado sobre el polémico informe de Deloitte, el Departamento de Nadia Calviño ha asegurado que no hará público el documento, ni tampoco el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria debido a que se debe «confidencialidad» a la JUR. «El Frob no puede hacer público un documento que no es suyo», señalan. «Es de la JUR», apuntan.