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Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica.

El Gobierno del PSOE tendrá que construir el ATC en Villar de Cañas «sí o sí»

El retraso de la construcción del Almacén Temporal Centralizado cuesta a los españoles 70.000 euros diarios. El Gobierno de Pedro Sánchez se pliega a las exigencias de Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, contrario a la infraestructura desde la adjudicación.

El Gobierno de Sánchez ha paralizado por ahora la construcción del ATC, una infraestructura que conlleva un beneficio de 1.000 millones para la comarca donde se sitúa Villar de Cañas. Este retraso, esperado por el alcalde del municipio, forma parte de toda la operación que tendrá que hacerse «sí o sí», según ha asegurado José María Saiz a Intereconomía.com.

Saiz recuerda que se publicará en breve la sentencia del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha sobre la conveniencia de levantar el ATC, frente a los planes de García-Page. La Justicia, según ha asegurado el alcalde, ha fallado ya a favor del pequeño municipio conquense.

Asimismo, el alcalde ha asegurado que es imposible realizar un ATC en otro municipio de España: «O se hace en Villar de Cañas o no se hace en España», con el consiguiente gasto que conllevaría, unos 70.000 euro diarios que cuesta trasladar los residuos radioactivos a Francia, que después tendrían que volver a España para guardarse en el ATC, tal y como exige la UE. Y es que, hasta ahora, las centrales, además de crear almacenes propios, están trasladando este material radioactivo fuera del país, pagando un elevado coste que dejaría de abonarse una vez se construya el ATC.

Para José María Saiz, no se pueden realizar almacenes cercanos a las centrales nucleares ya que va en contra del dictamen de Bruselas, y espera que se haga esta infraestructura clave para el pueblo y la comarca, que sufren una fuerte despoblación. En este sentido, ha puesto de manifiesto la demagogia de García-Page, que acude a Villar de Cañas para hablar de despoblación, al tiempo que se opone a una inversión de 1.000 millones de euros en el municipio.

El Gobierno solo suspende la tramitación del permiso de construcción, no derribar el proyecto íntegro

El Ministerio ha enviado un escrito al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que suspenda la tramitación del permiso de construcción, ya que quiere tener diseñada su política energética antes de que se dé vía libre a este polémico proyecto. No obstante, este hecho no significa que no se vaya a construir la infraestructura.

Según El País, en breve el CSN celebrará un pleno en el que está previsto que se apruebe la paralización del permiso de construcción a instancias del Ministerio dirigido por Teresa Ribera. Tras conocerse la información, el presidente regional, Emiliano García-Page, ha celebrado a través de Twitter que se está «muy cerca del objetivo» de paralizar la construcción del almacén, pese a que la sentencia del TSJCM está aún más cerca.

«La decisión del nuevo Gobierno de España es coherente con lo que desde un principio hemos defendido desde Castilla-La Mancha: evitar un atropello a nuestra tierra», ha destacado García-Page. Su vicepresidente, en la misma red social, ha destacado que Castilla-La Mancha se despierta «con una de las mejores noticias que podía recibir».

La doble vara del PSOE: no al ATC, sí a los almacenes individualizados

Pese que el PSOE se ha mostrado contrario al ATC, sí está permitiendo la construcción de almacenes individualizados en las centrales nucleares para guardar los residuos radioactivos.

Ecologistas en Acción ha presentado una demanda contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la autorización de la construcción del Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la Central Nuclear de Almaraz (CNA), en Cáceres, ya que se habría vulnerado la normativa y no sería imprescindible, según ha asegurado el portavoz del Foro Extremeño Antinuclear (FEAN), Ángel García.

Ha sido una comparecencia en la que, junto a miembros del Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), ha informado de la demanda interpuesta por Ecologistas en Acción ante la Sección 6 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Según García, en su día se desestimó un recurso de alzada que el MIA y el FEAN presentó contra la autorización de construcción del ATI de la Central cacereña, por lo que ahora se presenta esta demanda.

García, también abogado de Ecologistas en Acción, ha señalado que el proceso de construcción del Almacén ha vulnerado la normativa internacionales y comunitaria en materia de impactos transfronterizos en relación con Portugal. En este sentido, ha explicado que, a pesar de que cualquier escape de radiaciones podría afectar a Portugal, España no ha informado a ese país hasta que las autoridades lusas «dieron un puñetazo en la mesa».

Ha agregado que se han vulnerado varias directivas de la UE en la materia que establecen que cuando un proyecto puede tener efectos significativos en el medio ambiente de otro Estado miembro, o cuando un Estado que pueda verse afectado significativamente lo solicite, el Estado que desarrolla esa iniciativa deberá informar en cuanto sea posible.

Asimismo, ha continuado García, el ATI no es imprescindible para el funcionamiento de la Central Nuclear de Almaraz hasta el fin de su permiso de explotación, en 2020, puesto que las piscinas de combustible gastado de Almaraz I y Almaraz II podrían tener capacidad de almacenamiento hasta 2022 y 2023, respectivamente, si se hubiesen usado adecuadamente.

En este punto, ha señalado que los ATI son «una excusa» de las centrales nucleares para mantener sus actividades más allá de sus vidas útiles.

Ha afirmado que el ATI de la CNA ya está construido y se halla en fase de pruebas, una etapa en la que hay «problemas» en aspectos como los contenedores de residuos radiactivos.

Tras esto, ha preguntado que qué se va ha hacer con esos residuos de la CNA cuando sea clausurada, máxime cuando aún no hay un Almacén Temporal Centralizado (ATC) y las infraestructuras no permitirían su traslado debido a las notables complejidades técnicas.

También ha aseverado que en el entorno de la ATI hay una Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) y hábitats de alto valor natural.

Por todo esto, a su juicio el Almacén debe ser considerado «ilegal».

En cuando a la posibilidad de que el Gobierno central cierre las centrales nucleares a medida que cumplan sus lapsos de vida útil, ha declarado que «parece que las intenciones son buenas» pero que hay «lobbys» que presionan para eso no se produzca.

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