Carles Puigdemont, detenido en Alemania y ante la posibilidad de ser extraditado a España, ha exigido todos los privilegios que se le conceden a los ex presidentes de la Generalitat de Cataluña: coche oficial, despacho personal, sueldo y la correspondiente escolta.
El montante solo podría salir del dinero del Fondo de Liquidez Autonómica, única vía de financiación que tiene Cataluña debido a su abultada deuda y déficit. Puigdemont ha declinado cobrar el sueldo correspondiente a los ex presidentes de la Generalitat, según ha asegurado RAC1.
Artur Mas tendrá acceso a una pensión de jubilación vitalicia del 60% del sueldo, teniendo en cuenta que el ingreso anual es de casi 150.000 euros. No obstante, no puede cobrar esta retribución debido a que es diputado electo en el Parlamento, por lo que no puede percibir dos sueldos públicos.
Como Artur Mas, aunque éste sí percibe el salario correspondiente, Puigdemont se trata a sí mismo como ex presidente de la Generalitat, legitimando así al racista y xenófobo Quim Torra al frente del Gobierno catalán.
Ahora Torra y el equipo de abogados trata de solventar el problema ya que aún espera una posible extradición a España, mientras continúa viviendo en Hamburgo hasta que el juez alemán decida qué hacer con la petición del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre él. Puigdemont fue cazado por la policía alemana cuando viajaba de Dinamarca a Bélgica, país que se ha negado a extraditar a los fugados de la justicia por gastar dinero público en la consulta ilegal del 1-O y proclamar la independencia de Cataluña en el Parlamento de forma unilateral, un delito castigado hasta con 30 años de prisión.
En caso de que el juez alemán finalmente no lo extradite, Puigdemont volverá a Bélgica, donde tiene protección legal debido a que en ese país no existe tal delito, por lo que no se le podría juzgar en España por el mismo.
Fue el pasado 22 de junio cuando Puigdemont presentó el escrito para acogerse a los privilegios. Entre otros, la normativa catalana da derecho a que se le abonen los gastos de oficina con tres empleados, alquiler, coche oficial con chófer y escoltas. La ley se hizo justo cuando Jordi Pujol dejó el cargo en 2003, aunque se le quitaron todos los privilegios hace unos años cuando confesaba ser un defraudador.
