El último intento de resucitar la banca pública en la España de Zapatero ha provocado pérdidas de 175 millones, según un informe del órgano fiscalizador del Estado sobre el ICO enviado esta semana al Congreso de los Diputados.
Según ha publicado El Mundo, el Tribunal de Cuentas en 2010 durante el Gobierno de Zapatero intentó dar créditos directos a pequeñas y medianas empresas y autónomos que no lograban financiación por otra vía.
La que era vicepresidenta económica, Elena Salgado, instó al entonces presidente del ICO, José María Ayala, a prestar formalizando créditos por 550 millones, de los que elñ ICO ha contabilizado como perdidos hasta 175 millones.
El actual ministro de Economía, Román Escolano, terminó con los ICO Directo a principios de 2012 cuando asumió la presidencia de este organismo financiero del Estado. Entre 2010 y 2011 se concedieron un total de 13.961 operaciones, alguna de las cuales siguen en pie por haber sido refinanciadas o por no recuperadas, un total de 8.308. El 83% (5.072) de ellas se encuentran en situación de morosidad o fallido, según el el Tribunal de Cuentas, que pide al Gobierno que no se repita: «Se recomienda que el Instituto no asuma en exclusiva los riesgos de operaciones minoristas que, por falta de red propia, se llevan a cabo en colaboración con entidades financieras con amplio acceso al público».
La morosidad es mucho más alta que en el sector privado por la incompetencia del ICO para esta actividad directa: «es cierto que en el momento de concesión de los créditos nos encontrábamos en unos años de crisis financiera pero, aun cuando no estamos hablando de colectivos estrictamente semejantes, la comparación con ratios de morosidad del sistema financiero es desfavorable, lo que evidencia una mayor laxitud en la política de riesgos asumida y la falta de especialidad en la banca minorista por parte del ICO que hacían imposible el axioma de conoce a tu cliente» y añade que «se aprecia una escasa interacción entre el analista y el cliente, limitándose a un mero análisis de cumplimiento de unos ratios aun cuando fuese el segundo, tercero o incluso cuarto crédito concedido».
El ICO contrató al Santander y al BBVA para canalizar los créditos al contrario de lo que suele suceder en otras líneas de financiación de este organismo público. El ICO también falló en la contratación del Santander y el BBVA por no respetar los procedimientos.
El presidente en la época era José María Ayala, pero quien ha presentado alegaciones al Tribunal es el actual responsable del ICO, Pablo Zalba, que admite que la agencia financiera del Estado no tiene ni «la capilaridad, relación directa ni conocimiento del cliente que pueda tener el resto de entidades financieras».
