El juzgado de instrucción 9 de Palma ha archivado el caso Minerval porque no ha hallado pruebas de que el único imputado, el científico Pablo Escribá, cometiera un delito de estafa al suministrar a enfermos el fármaco anticancerígeno que había desarrollado en la Universidad de las Islas Baleares (UIB).
El juez Enrique Morell ya había cerrado la causa el pasado septiembre para las cinco personas imputadas a raíz de una operación policial desarrollada en abril de 2017, pero en noviembre la Audiencia Provincial atendió un recurso de la Fiscalía y de la UIB y ordenó retomar el proceso solo respecto a Escribá.
Según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), el instructor ha considerado nuevamente que hay pruebas de estafa y remite la información acumulada al Govern balear para que determine si cabe expedientar a Escribá por las actividades comerciales que llevó a cabo con el producto Minerval (ácido 2-hidroxioléico) desde 2004.
El juez, que archiva el caso de acuerdo con la Fiscalía, recuerda en su auto que la denuncia inicial planteaba que Escribá y su compañero investigador Xavier Busquets, en consonancia con tres colaboradores, habían vendido Minerval, un fármaco experimental sin autorización comercial, a enfermos de cáncer y a sus familiares dándoles falsas esperanzas de recuperación.
No había razones para llevar a los imputados a juicio
Cuando de la instrucción inicial concluyó que no había razones para llevar a los imputados a juicio, la Audiencia de Palma ordenó al magistrado reabrir el proceso solo contra el director del equipo de investigación para recabar datos sobre el precio al que se vendían los productos con Minerval.
Consideraba necesario aclarar qué cantidades había recibido Escribá de los enfermos a los que suministró los compuestos terapéuticos, si estaban justificadas y a qué las destinó la fundación que había utilizado para obtener financiación para sus investigaciones.
Los 18 enfermos de cáncer y familiares de afectados que declararon como testigos durante la instrucción explicaron que aportaron por los productos que les facilitó Escribá entre 350 y 18.000 euros y en todos los casos aseguraron que el científico los informó de su carácter experimental y no le atribuyó cualidades curativas.
Los pacientes conocían el carácter experimental
El investigador argumentó en el mismo sentido y aseguró al juez que facilitaba a los enfermos que lo requerían complementos alimenticios con producto anticancerígeno en el que estaba investigando su laboratorio.
Tanto Escribá como Busquets fueron suspendidos de funciones docentes cuando se destapó el caso y la universidad les abrió expediente, que en el caso del segundo se cerró sin sanción al ser desimputado y se le devolvieron todas sus atribuciones.
Sobre Escribá, la UIB está a la espera de tener conocimiento oficial del archivo de la causa, ha informado una fuente de la institución.
