El PNV exige a Sánchez las competencias de Prisiones y de la Seguridad Social

Noticias 06/06/2018

El PNV ha exigido incluir la competencia de la Seguridad Social y la competencia de Prisiones en el nuevo Estatuto del País Vasco, al tiempo que pide que las instituciones vascas asuman competencias exclusivas del Estado.

Los nacionalistas vascos aprovechan así la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, que solo tiene 84 diputados en el Congreso y que necesita imperiosamente los apoyos de los vascos para aprobar leyes. La Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco ha analizado el documento de síntesis sobre el ámbito competencial del País Vasco, que se ha encargado de elaborar el PNV teniendo en cuenta las propuestas de todos los partidos. De momento no se ha tomado ninguna decisión, pero se adoptará la próxima semana, una vez que las formaciones del País Vasco las hayan estudiado.

En la línea de las propuestas para el Preámbulo y para el Titulo Preliminar del nuevo Estatuto pactadas entre PNV y EH Bildu, el ámbito competencial planteado se sustenta en la «bilateralidad efectiva» entre el País Vasco y el Estado, una negociación entre iguales que pondría a la misma altura a una CC AA frente al Estado, tal y como quieren también los separatistas catalanes, y se articula como un «Concierto Político» similar al económico en «concepción, estructura y operatividad».

Según los nacionalistas vascos, estas peticiones se tendrían que entregar por los autodenominados derechos históricos, pese a que las competencias están claramente definidas en la Constitución y en las leyes vigentes.

Exige las transferencias de las competencias, pese a las sentencias judiciales contrarias

En el texto se aboga por asumir las competencias reconocidas y no transferidas, por recuperar las «menguadas» por la legislación orgánica y las sentencias judiciales y por ampliar las actuales para garantizar un «amplio ámbito de decisión propio, inclusivo e incondicionado».

En los ámbitos normativos reservados al Estado la competencia de ejecución correspondería, según esta propuesta, a las instituciones vascas, siguiendo modelos federales como el alemán.

Delimita tres grandes bloques competenciales. El primero estaría integrado por las «materias concertadas» con el Estado: la lengua, el deporte, la cultural vasca, la educación, la seguridad, el empleo público, el derecho civil, el Concierto Económico, la organización de los tres niveles institucionales y la Administración de justicia, dentro de la que se incluye la política penitenciaria.

Sistemas de Protección o de Seguridad Social, junto con recursos naturales e infraestructuras

El segundo bloque reconoce la titularidad de los recursos naturales y de las infraestructuras y el tercero incluye la competencia de los sistemas de relaciones laborales «y de protección o de Seguridad Social». En este sentido, se señala que el nuevo Estatuto debería contemplar mecanismos de «cooperación y solidaridad» con los sistemas estatales.

El documento incluye una «amplia» competencia en acción exterior y relaciones internacionales, y la capacidad de representación de las instituciones vascas en las europeas e internacionales.

También se defiende que el nuevo Estatus permita desarrollar políticas propias de convivencia y de «profundización democrática», incluida la capacidad para regular consultas ciudadanas o referendos.

Asimismo, señala que el nuevo Estatuto debe preservar y reforzar el Concierto Económico y ofrecer garantías jurídicas «eficaces» que aseguren que el Estado negociará cada vez que sea necesario su actualización.

La Comisión Mixta del Concierto Político se encargaría de pactar las condiciones en las que se ejercerán las competencias por parte del Estado y de las instituciones vascas.

El texto defiende también la inclusión de mecanismos para que las diferencias competenciales se resuelvan «desde el acuerdo y el pacto» y la creación de un foro arbitral para ello.

El Tribunal Constitucional intervendría en última instancia, aunque se aboga por «reconducir» su modelo para garantizar principios como «la imparcialidad y la objetividad».

El próximo miércoles los grupos se posicionarán sobre este texto y pasarán a analizar el relativo a los poderes públicos, que se encargará de elaborar EH Bildu. Cada partido llevará también sus planteamientos sobre el apartado relativo a Hacienda y Patrimonio.

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