El juzgado de instrucción número tres de Cádiz ha emitido un auto en el que procesa al alcalde de Cádiz, José María González Santos (Kichi) por varios delitos de calumnias e injurias contra el anterior Equipo de Gobierno de Cádiz.Según ha publicado El Mundo, el auto decreta la apertura de juicio oral contra el alcalde y los otros dos acusados,por lo que los tres tendrán que sentarse en el banquillo y deberán responder de la acusación de los citados delitos contra el honor.
El alcalde podemita y los otros dos encausados deberán responder a la petición de penas de las acusaciones particulares por un delito continuado de calumnias con publicidad y otro de injurias con publicidad, como resultado de las afirmaciones que vertieron en una asamblea vecinal en la que acusaron al anterior equipo de gobierno (PP) de haber suministrado agua contaminada «a sabiendas».
Las acusaciones particulares son en nombre del equipo de gobierno anterior y del concejal popular José Blas Fernández que han solicitado penas de 24 y 14 meses de multas por sendos delitos, la publicación de sentencia a costas de los procesados en los medios de comunicación donde se difundieran las calumnias e injurias que se enjuician, y la indemnización a los querellantes en concepto de responsabilidad civil.
La Audiencia Provincial de Cádiz reabrió el caso, con un auto demoledor en cuya exposición de motivos, además de mostrar abundante jurisprudencia, sostuvo que «el ejercicio de la libertad de expresión y opinión no ampara ni justifica sin más el empleo de frases en las que se atribuye la comisión de delitos dolosos que claramente atentan contra la honorabilidad de aquellos cuyo comportamiento no es que se critique, es que se tacha de delictivo y no como hemos visto de forma genérica y vaga».
Los populares han lamentado que «el alcalde, su partido y el partido que cogobierna la ciudad se hayan llevado dos días intentando manipular a la opinión pública hablando de archivo del caso y lanzando, de nuevo, un reguero de mentiras y acusaciones, tal y como viene siendo, desgraciadamente, la costumbre de quienes gobiernan esta ciudad».Asimismo, han subrayado que «ni González Santos ni los otros dos encausados hayan aprovechado las oportunidades que le ofrecía el acto de conciliación para rectificar, disculparse y retirar las calumnias e injurias que vertieron el 7 de marzo de 2016 ante los vecinos de Loreto y los medios de comunicación en el edificio Ma’arifa, donde -tal y como reflejaron todos los medios de manera inequívoca- acusaron al anterior Equipo de Gobierno de contaminar a sabiendas a los 13.000 vecinos del barrio de Loreto durante 14 días».