El presidente de la Diputación de Valencia, portavoz de la Ejecutiva nacional del PSPV-PSOE y alcalde de Ontinyent, el socialista Jorge Rodríguez, y otras dos personas han sido detenidas este miércoles por delitos de corrupción.
La causa, declarada secreta, se abrió por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en mayo 2018 tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia y se investigan irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra, antigua Imelsa, en 2015.
En el marco de la llamada «operación Alquería», agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han practicado esta mañana registros en la Diputación de Valencia, en las dos sedes de las que dispone el Ayuntamiento de Ontinyent y en la sede social de Divalterra.
Registros en viviendas particulares
El magistrado instructor ha autorizado también la entrada y registro en varias viviendas particulares: la del presidente de la Diputación y portavoz de la Ejecutiva nacional del PSPV-PSOE y las de otros investigados.
En el dispositivo, que se ha activado a las 7.30 horas con registros simultáneos en las distintas sedes y viviendas, han participado, además de los agentes de la UDEF central desplazados desde Madrid, efectivos de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la Jefatura Superior de Valencia, según el TSJCV, que añade que la investigación sigue abierta.
Rodríguez Gramage, en 2015: «Queremos que la Diputación deje de dar vergüenza, que deje de estar en las páginas de sucesos y tribunales”
Jorge Rodríguez se hizo con la presidencia de la Diputación de Valencia con los votos de su partido, los de Compromís, Esquerra Unida y València en Comú. Con su llegada se acabó con la hegemonía que ostentaba el PP en este ente público desde hacía 20 años.
«Queremos que la Diputación deje de dar vergüenza, que deje de estar en las páginas de sucesos y tribunales”, aseguró en una entrevista en El País, pocos meses después de las elecciones autonómicas y municipales del 2015.
Asimismo, afirmó que el «striptease integral de la institución lo van a hacer los jueces» [en referencia a las pesquisas relacionadas con la gestión del exgerente de la empresa pública Imelsa Marcos Benavent y hombre de confianza de Rus], aunque ha anunciado una revisión integral de los planes que hasta la fecha ha desarrollado el PP en la Corporación provincial. «Queremos que haya un menor número de planes, con mayor autonomía municipal y mayor dotación económica».