La salida de casi 5.000 empresas y de decenas de millones de euros de depósitos de ahorros de centenares de miles de catalanes no fue por el decreto, sino por el anuncio de secesión unilateral, el intento de una agencia tributaria «ilegal» y por la «amenaza» de la CUP de «crear un corralito en Cataluña», señala esta asociacion de empresarios favorable a la unidad de España.
Empresaris de Catalunya, asociación de empresarios y directivos contrarios a la independencia de Cataluña, cree que no es necesario derogar el decreto que facilita el traslado de sedes sociales fuera de Cataluña y que lo que se necesita es un Govern leal a la Constitución y la legalidad.
En un comunicado, el presidente de la asociación, Josep Bou, considera que las empresas catalanas que tomaron la «difícil y triste decisión de marcharse» lo hicieron por el anuncio de secesión unilateral, la amenaza de la creación de una agencia tributaria «ilegal» y por la «amenaza» de la CUP de «crear un corralito en Cataluña».
Además, ha asegurado que, junto a la salida de casi 5.000 empresas, «se dieron a la fuga decenas de millones de euros de depósitos de ahorros de centenares de miles de catalanes».
El comunicado apunta que las empresas que trasladaron su sede fuera de Cataluña lo hicieron por la «incertidumbre» y la «zozobra provocada por un gobierno que actúa de forma irresponsable e inédita en la historia de la UE».
Además, la asociación cree que las organizaciones empresariales que ayer se reunieron con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, «cayeron en la trampa» de centrar la reunión en la defensa del independentismo y no en los intereses empresariales.
Las asociaciones con Torra, más las pequeñas que las grandes
La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha informado de que el Govern está estudiando medidas jurídicas contra el decreto del anterior Gobierno del PP para facilitar el traslado de empresas fuera de Cataluña, al entender que se podrían haber vulnerado derechos de los accionistas.
Artadi compareció en rueda de prensa para valorar las dos reuniones que ha mantenido el presidente de la Generalitat, Quim Torra, primero con los representantes de los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, y posteriormente con las patronales Pimec, Foment del Treball y Fepime.
La consellera ha indicado que Torra y los representantes de las patronales han coincidido en que se debería derogar el decreto que el Gobierno del ya expresidente Mariano Rajoy acordó después del 1 de octubre, para permitir que las empresas pudieran trasladar la sede de una comunidad autónoma a otra con una decisión del consejo de administración, sin necesidad de pasar por la junta de accionistas.
Artadi ha detallado que los servicios jurídicos de la Generalitat están estudiando posibles medidas legales -que no ha concretado- contra este decreto, para determinar si se pudieron haber «violado los derechos de los accionistas», ya que fueron excluidos de la decisión de cambio de sede.
Por otro lado, la consellera ha agradecido que las patronales hayan transmitido que la evolución de la economía catalana es positiva, ante «voces intencionadas que dicen lo contrario», ha añadido en alusión a los que vinculan proceso soberanista con decrecimiento.
En cuanto a la situación política, marcada por los soberanistas presos y los que están en el extranjero, Artadi ha admitido que, a la hora de hacer posicionamientos públicos, la patronal está menos «homogeneizada» que los sindicatos, por lo que ha añadido: «Sí que nos gustaría un cambio en la defensa de los derechos de Cataluña».
Con los sindicatos ha habido mayor sintonía en este asunto durante la reunión con Torra, ya que, según ha subrayado Artadi, han colaborado en mesas a favor del derecho a decidir en anteriores legislaturas y tienen previsto seguir en esta línea, pues últimamente han participado en la ronda de contactos del presidente del Parlament, Roger Torrent, para consensuar acciones en defensa de los «derechos civiles».
Ahora, sin duda, la pelota está en el tejado de la Moncloa que ya ha mostrado sus diposición del acercamientos de los políticos presos a Cataluña y que debe decidir si evita el corralito empresarial en esa comunidad, algo que hace el actual decreto en vigor.