El Real Decreto de Envases y Residuos, actualmente en tramitación en España, puede suponer un impacto de 5.000 millones de euros para la industria alimentaria, según ha precisado hoy el director general de la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), Mauricio García de Quevedo.
Así lo ha puesto de manifiesto durante su intervención en la Jornada «Economía Circular. Implicaciones de la ley de residuos y del proyecto de Real Decreto de Envases en la industria de la alimentación y bebidas», que se ha celebrado este martes en Madrid.
En este foro se ha analizado el escenario legislativo en España y la Unión Europea, que prevé publicar el próximo mes su directiva de residuos de envases con el objetivo básico de reducirlos.
Según los datos facilitados por la Comisión Europea, hasta ahora cada ciudadano desecha 177 kilos de envases al año, lo que supone medio kilo al día.
García de Quevedo ha insistido en la apuesta de los fabricantes alimentarios desde hace décadas por cumplir «compromisos voluntarios» en materia de sostenibilidad.
Ha subrayado que se han acogido a las normativas europeas en esta materia, si bien ha vaticinado que el nuevo real decreto de envases y residuos de «va a generar dificultades».
Ha llamado la atención sobre problemas para su aplicación como la dificultad técnica de encontrar suficiente plástico RPET y su imposibilidad de usarlo en contacto con los alimentos, en función de las normativas de seguridad alimentaria.
De Quevedo, quien ha insistido en el compromiso de este sector con la sostenibilidad y la economía circular, ha recordado que el impacto del real decreto se suma a los 690 millones de euros derivados del impuesto al plástico y de otros 1.150 por la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor que se incorporan en la ley de residuos, ya en vigor.
El conocido como impuesto al plástico gravará con 0,45 euros el kilo de plástico no reciclado.
En este sentido, desde la patronal de la industria alimentaria han vuelto a insistir en su petición al Gobierno de prorrogar un año la aplicación de esta tasa, para ser «sensibles» al momento económico de las empresas, con los costes energéticos y la inflación disparados.
Esta realidad «va a dificultar la competencia», ha afirmado el director de la FIAB, tras reclamar «flexiblidad» en la aplicación de todas estas medidas por el contexto económico y social.
