Las grandes compañías eléctricas españolas volverán a llevar al Gobierno a los tribunales tras aprobarse, el pasado día 23, un descuento del 25% en el recibo eléctrico a los consumidores más vulnerables.
El desarrollo normativo del real decreto-ley aprobado-que fija el nuevo modelo de financiación del bono social- definirá de forma más clara al consumidor vulnerable y mejorará su protección.
Descuentos del 25%
Así, el Gobierno quiere hacer un reglamento -dialogado con las fuerzas políticas- para establecer consumidores de distintos tipos y que las ayudas varíen en función de poder adquisitivo y renta, ha explicado.
Ahora, todos los consumidores considerados vulnerables, y acogidos al actual bono social, tienen un descuento del 25% en el recibo eléctrico.
Con los cambios que quiere introducir el Gobierno, quedarían al menos cuatro tipos de consumidores: el ordinario, dos categorías de consumidores vulnerables con distintos niveles de descuentos en la tarifa y otro más grave, atendido por los servicios sociales, al que no se le podrá cortar la luz.
El Supremo ya se ha pronunciado contra esta obligación
El Tribunal Supremo tumbó recientemente ese modelo de financiación por considerarlo discriminatorio. El pasado mes de octubre, declaró ilegal la tarifa subvencionada que se aplica a los consumidores con bajos ingresos, por ir en contra de la normativa comunitaria para el mercado interior de la electricidad.
Por ello, y según han comunicado fuentes del sector eléctrico a OK Diario, las eléctricas, que han ganado más de 4.000 millones de euros en el último año, están dispuestas a continuar la batalla legal después de la última decisión del Gobierno.
Las grandes eléctricas españolas “están dispuestas a destinar una parte de sus beneficios a subvencionar parte del coste del suministro”, pero siempre que sea acordado con el Ejecutivo y no impuesto mediante la vía legislativa. “El Ejecutivo ha decidido finalmente tomar el camino fácil de aprobar un Real Decreto Ley que ha servido al nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, para adoptar una medida electoralista que no asume que la obligación de la asistencia a los más desfavorecidos es principalmente de los poderes públicos, que son los que administran los impuestos que pagan las empresas y los hogares”, indican las fuentes consultadas por el diario de Eduardo Inda.