Abengoa ha solicitado a un juez de Sevilla una caución de mil millones de euros para hacer frente al pago de las nóminas de sus trabajadores si la Justicia estima la petición de una plataforma de accionistas minoritarios y desestima el plan de reestructuración de la compañía.
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla ha acogido este jueves la vista convocada antes de que su titular tome una decisión sobre la demanda de los minoristas, agrupados en Abengoa Shares, que reclaman la suspensión cautelar del plan de rescate aprobado por su consejo de administración el pasado 6 de agosto.
Los pequeños accionistas, que representan el 14,5 % del capital de la empresa, denunciaron hace unos días que el plan les provocaría un «daño irreparable», ya que su participación en la nueva Abengoa (Abenewco1) quedaría «diluida hasta el 2,7 % del capital», según informó la plataforma en un comunicado.
Para los representantes de los minoristas, la caución requerida por Abengoa es «a todas luces desorbitada» porque equivale «a dos veces la deuda remanente que el plan de reestructuración pretende dejar en Abenewco1», lo que en su opinión puede suponer una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.
Según han informado fuentes judiciales a Efe, los representantes legales de Abengoa han denunciado que los accionistas minoritarios actúan «de mala fe», por lo que incluso han pedido que sean multados, y han lamentado que su objetivo es «extorsionar» a la mercantil y «bombardear» su refinanciación «dentro y fuera de los juzgados».
Para Abengoa, la paralización del plan es «una insensatez» y causaría «daños incalculables» que llevarían a la insolvencia a la empresa, que está sufriendo una coyuntura «extremadamente delicada».
La defensa de Abengoa Shares, a cargo del despacho Navas&Cusí, ha replicado que «quien lleva en sus espaldas decenas de ERE y más de 15.000 despidos es la última garantía de mantenimiento del empleo».
«De hecho, ocurre justamente lo contrario: de no estimarse la medida cautelar, será Abengoa matriz la que quiebre y todos los accionistas perderían su inversión. Por eso nos hemos visto obligados a defendernos», ha indicado el abogado Juan Miguel Navas en un comunicado remitido a Efe.
La empresa ha asegurado que el acuerdo sobre el plan de reestructuración «no existió» el 6 de agosto y que el consejo de administración sólo dio el visto bueno al balance.
«Ahora dicen que no fue el consejo quien lo aprobó. ¿Quién lo hizo entonces? Lo debería haber aprobado la junta de accionistas, pero una vez ninguneada, nadie tiene facultad para tomar una decisión de reestructuración de una compañía si no es el consejo», ha respondido Navas.
«Si no es decisión del consejo, supondría una actuación unilateral de directivos acordando con terceros aspectos arbitrarios sin sometimiento alguno a los órganos de la sociedad», ha añadido el letrado, quien se ha preguntado «si alguien puede plantear una reestructuración de una sociedad cotizada de espaldas a los accionistas y a su costa».
A juicio de la empresa, sin embargo, la petición de suspensión cautelar es un intento de «bombardear» un plan de refinanciación del que todavía están pendientes los bancos y los principales acreedores, como la Junta de Andalucía.
Abengoa también ha recordado que en medio de la pandemia de coronavirus tiene un patrimonio negativo de 388 millones y que el fin del rescate es «evitar la insolvencia y no liquidar la sociedad».
El juez ha anunciado que resolverá sobre las medidas cautelares el próximo lunes «a más tardar».
