El Gobierno de Mariano Rajoy, PSOE y Ciudadanos han alcanzado un acuerdo para sacar adelante un mecanismo extrajudicial que ofrezca a los afectados por una hipoteca con cláusula suelo, pero no impedirá la avalancha judicial.
Tras dos atrasos en su presentación, el real decreto ley se aprobará este viernes en el Consejo de Ministros, y establece que la banca deberá devolver el dinero antes de tres meses, siempre y cuando las cláusulas suelo se aplicara de forma incorrecta, por lo que abrirá la puerta de los juzgados a los 1,5 millones de afectados ya que previsiblemente la banca se negará a abonarlas.
que les permita recuperar el dinero pagado de más, al no haberse beneficiado íntegramente de las rebajas del Euríbor.
Según han explicado a Efe fuentes próximas al Ejecutivo, este acuerdo permitirá previsiblemente que el Consejo de Ministros de este viernes apruebe un real decreto ley que recoja esta iniciativa y establezca un plazo máximo de 3 meses para que la banca aporte una salida a los casi 1,5 millones de afectados.
Se trata de un sistema extrajudicial pensado para todos aquellos clientes que suscribieron una hipoteca con cláusulas suelo «inválidas», que no impide que cualquier ciudadano, si lo considera oportuno, acuda a los tribunales.
Los afectados tienen 15 días para examinar la propuesta del banco
El portavoz de Economía del grupo parlamentario del PSOE, Pedro Saura, y la diputada socialista Margarita Robles han señalado, en rueda de prensa en el Congreso, que su formación se abstendrá en la convalidación del real decreto que apruebe próximamente el Consejo de Ministros.
Saura ha explicado que el acuerdo incluye un procedimiento obligatorio extrajudicial para todas las entidades financieras y que es voluntario para los consumidores, que podrán acudir si lo desean a la vía judicial.
Todos los bancos deben comunicar a los clientes afectados que existe este procedimiento extrajudicial y están obligados a devolver el dinero cobrado de más en las cláusulas suelos en el plazo de tres meses.
En caso de que la entidad financiera ofreciera otro acuerdo al consumidor, diferente a la vía extrajudicial, el banco deberá informar por escrito y avalar con un documento la nueva oferta que, en todo caso, será equivalente al dinero que debe devolver.
El consumidor tendría un plazo de 15 días para valorar dicha oferta de la entidad financiera, que tiene carácter subsidiario.
Los intereses de demora tienen que aparecer de forma clara
También, en la oferta que haga el banco a los consumidores tiene que aparecer «de forma clara» los intereses correspondientes de demora de las cantidades que se han retrasado en el tiempo y fiscalmente no habrá recargos, ni sanciones, ni intereses de demora por reclamaciones.
Para controlar que las entidades financieras informan del procedimiento extrajudicial a los consumidores se constituirá una comisión de coordinación y de evaluación y seguimiento, en la que estarán representados los consumidores y que velará por el cumplimiento de las obligaciones de los bancos, sobre todo respecto a los consumidores «particularmente más vulnerables«.
«Es un real decreto que garantiza un procedimiento extrajudicial rápido, gratuito para los consumidores y que no implica quita. Es transparente y consolidan los derechos de los consumidores», ha puntualizado Saura, que ha reiterado que el PSOE ha velado por los afectos «en todo momento».
No obstante, el grupo socialista sólo se abstiene en la convalidación del Real Decreto y no votará a favor porque considera que ha sido elaborado por el Gobierno.
De Guindos: «El Gobierno no puede meterse en medio de una negociación entre particulares»
El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró esta mañana en el Foro Económico de Davos que al Gobierno sólo le toca «establecer un cauce» para que sea más sencilla y rápida la negociación entre los particulares y los bancos en lo relativo a la devolución de las cláusulas suelo.
Lo primero que hay que definir es la cantidad que se ha cobrado de forma indebida, siempre y cuando la cláusula se aplicara de forma incorrecta.
Pero el Gobierno «no puede meterse en medio de una negociación entre particulares», que son los usuarios por un lado y las entidades financieras por otro, por lo que no le corresponde decidir cómo debe efectuarse la devolución, en efectivo o con productos bancarios.