Altadis ha abogado por mantener el monopolio estatal de los estancos, que junto a las máquinas de los bares, son los únicos establecimientos que pueden vender tabaco. El monopolio fue instaurado hace veinte años como medida para evitar el fraude, aunque no ha extinguido el mercado negro.
Altadis conmemora así 20 Aniversario de la Ley de Ordenación del Mercado de Tabacos, el director de la Asesoría Jurídica de Altadis, Ignacio Millán, ha asegurado que este sistema «resulta compatible con la Constitución española y con el Derecho de la Unión Europea».
Millán ha defendido que «la jurisprudencia europea ha aceptado que los estados miembro establezcan monopolios respecto a otras actividades que presentan riesgos para la salud pública o son susceptibles de derivar en negocios ilícitos o fraudulentos, como es el caso de los juegos de azar», señala un comunicado.
«La Constitución española permite al legislador reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, si existen razones de interés general que lo justifiquen, sin establecer limitaciones especiales para el ejercicio de esa potestad», ha añadido. A su juicio, avalan este sistema argumentos como que «está en línea» con la plena aplicación de las políticas públicas en materia sanitaria que pasan por «limitar el acceso a un producto que tiene importantes repercusiones sanitarias» y «un fuerte control en la venta minorista es garantía de protección a los menores».
Según Millán, procura productos seguros a los consumidores y es «la herramienta más eficaz de prevención del fraude» y «facilita el control administrativo y la recaudación tributaria».
No obstante, las constantes leyes contra los fumadores han reducido el consumo de tabaco y por tanto las ventas. Los estancos han tenido que adaptarse para vender otro tipo de productos, como refrescos, golosinas, pipas árabes e incluso bufandas y otro tipo de merchandising de equipos de fútbol.
Restricciones arraigadas en el sector del tabaco
Este mismo año la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha instado al Gobierno a eliminar el «monopolio de la red de estancos» o al menos a «reconfigurarlo», tras detectar estas «restricciones», entre otras, en el sector del tabaco. La petición se envió al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, dirigido por Dolors Montserrat, tras la aprobación del anteproyecto que modifica la «ley antitabaco», y tiene carácter consultivo, según ha explicado hoy en un comunicado la CNMC.
Competencia considera que existen «restricciones arraigadas en el sector del tabaco» como la exclusividad otorgada a los estancos a la hora de vender este tipo de productos, un punto que ya había criticado en el pasado. De hecho, pedía suprimir este «monopolio» o, al menos, «reconfigurar el modelo de concesión en algunas de sus características básicas», como el acceso al negocio, los productos que pueden comercializarse o las reglas de abastecimiento a bares, quioscos de prensa y gasolineras con licencia para tener máquinas expendedoras.
«Analizar alternativas menos distorsionadoras»
Sobre las novedades introducidas en el anteproyecto, la CNMC estudia los cambios legislativos que afectan al cigarrillo electrónico. En este sentido, propone «analizar alternativas menos distorsionadoras» que la prohibición de venta a distancia de este tipo de cigarrillos, y cita como ejemplo mecanismos que permitan «verificar la edad (del comprador) o reforzar la aplicación del régimen sancionador».
También cuestiona «la exclusividad» otorgada a los estancos y a comercios especializados a la hora de vender cigarrillos electrónicos por «excluir a otros operadores», algo que no fomenta la competencia.
Además, discute que se prohíba a las tiendas especializadas vender otros productos distintos y critica que se exija obligatoriamente a las empresas del sector del cigarrillo electrónico dar datos sobre volumen de ventas y marcas, ya que en su opinión se trata de información comercial sensible cuya divulgación «podría traducirse en conductas potencialmente anticompetitivas».
Como alternativa, la CNMC plantea gravar con un impuesto específico este tipo de dispositivos, como han hecho otros países europeos, una medida que contribuiría a reducir el consumo, dotar de recursos a Hacienda y a «acercar» su tratamiento fiscal al del tabaco tradicional.
