La presidenta del Santander, Ana Botín, se ha mostrado favorable a que la Junta Única de Resolución (JUR), organismo que decidió la resolución del Banco Popular, haga público el polémico informe de Deloitte que se usó para resolver Banco Popular. «Es decisión de la JUR», ha afirmado.
La JUR, organismo presidido por Elke König, se ha escudado en una supuesta confidencialidad para no facilitar íntegramente este informe provisional, y que aún debe elevarse a definitivo.Durante la presentación de los resultados de 2017, donde ha obtenido un beneficio de 6.619 millones de euros, un 6,7% más respecto a 2016, y a preguntas de los periodistas, Botín ha asegurado que el banco «está a favor de todo lo que sea transparencia«, y ha recordado que la publicación de ese informe «es decisión de la JUR». Un discurso radicalmente contrario a la opinión de la JUR, que mantiene la opacidad en la operación de la resolución de Banco Popular, vendida después por un euro a Banco Santander en la noche del 6 al 7 de junio.
El organismo indicó en diciembre que la versión no confidencial del informe no se publicaría al menos hasta mediados de enero, pero aún no se ha dado a conocer.
La resolución del Popular, decidida por el Banco Central Europeo (BCE) a través de la JUR y ejecutada por el FROB, implicó la reducción a cero del capital social del banco, y la amortización o extinción de todas las acciones del banco admitidas a negociación en bolsa. Con este movimiento, 305.000 accionistas y los bonistas de deuda de alto riesgo perdieron toda su inversión de la noche a la mañana del 6 al 7 de junio del pasado año.
De este modo, el Santander se posiciona en la línea del FROB, que en una carta a la Audiencia Nacional reiteró su voluntad de colaborar con la justicia y de no oponerse a aportar los datos confidenciales propiedad de la JUR sobre la operación si la sala así lo estimara oportuno.
De momento, los tribunales españoles, a los que acudieron en masa los afectados por la amortización de las acciones y de la deuda subordinada del Popular, ya disponen del expediente de resolución de la entidad.
A falta de conocer su postura en relación con el informe de Deloitte, la sala de lo Contencioso-Administrativo planteó la pasada semana a las partes suspender la tramitación del procedimiento a la espera del veredicto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que actualmente también estudia recursos de los perjudicados.
