Andalucía ha multado a Caja Rural Granada y al Banco Sabadell por la inclusión de cláusulas abusivas en sus hipotecas.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado hoy imponer sanciones, por un valor total de 2 millones de euros, a las entidades Banco Sabadell, SA, y Caja Rural de Granada, SCC, por introducir cláusulas abusivas en contratos de préstamos hipotecarios y por incumplimiento de la información de prestación de servicio.
Se resuelven así dos procedimientos sancionadores iniciados en noviembre de 2016, tras la recepción de 157 denuncias de particulares, tramitadas en el marco de una campaña de control de la Inspección de Consumo contra la inclusión de ‘cláusulas suelo’ en las escrituras.
En el caso de Caja Rural de Granada, la sanción se eleva a 1,17 millones, de los que 600.000 euros corresponden a las referidas infracciones, tipificadas como muy graves en la vigente legislación de defensa de los consumidores, y 570.026 al decomiso del beneficio ilícito obtenido.
Por su parte, Banco Sabadell ha sido multado con 836.202 euros (500.000 por las mismas infracciones y un decomiso de 336.202).
Perjuicio a los consumidores
Para la fijación de estas cantidades se han tenido en cuenta en ambos casos diversos agravantes, entre los que destacan el perjuicio causado a los consumidores y la posición relevante de las dos entidades infractoras en el mercado.
De acuerdo con la normativa vigente, son cláusulas abusivas las que causan un desequilibrio en la posición entre el consumidor y el empresario.
Por ejemplo, reservando a éste facultades para interpretar, modificar o resolver unilateralmente el contrato; imponiendo garantías desproporcionadas al riesgo asumido, o estableciendo la renuncia del prestatario al derecho a la notificación en caso de cesión del préstamo.
Otra vez las cláusulas suelo
El incumplimiento del deber de información se refiere a las ‘cláusulas suelo’, las cuales se introducen en los contratos de préstamo hipotecario a interés variable (generalmente con el euríbor como índice de referencia) y prevén que, aunque el tipo se sitúe por debajo de un determinado umbral (suelo) establecido en la propia hipoteca, el consumidor seguirá abonando lo correspondiente a ese umbral y no la cantidad equivalente a la bajada del euríbor.
En el marco de la campaña de control de la Inspección de Consumo que dio origen a los dos procedimientos resueltos hoy, el Consejo de Gobierno ha sancionado también este verano por las mismas infracciones a las entidades Banco Mare Nostrum (1,58 millones de euros) y Unicaja Banco (3,1 millones).
Además de la legislación que se aplica en estas sanciones, la comunidad autónoma cuenta con la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación Hipotecaria de Vivienda, que fue aprobada por el Parlamento andaluz, en mayo del pasado año, para aumentar las garantías y el derecho a la información de los andaluces en estas materias.
Según datos de la Consejería de Salud, la Dirección General de Consumo ha recibido, en lo que va de año, 1.386 reclamaciones relacionadas con trámites bancarios, de las que 112 fueron sobre cláusulas suelo (2.899 desde 2013).
