La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias para investigar el presunto fraude en el servicio de recogida de residuos facturado por FCC, cuyo principal accionionista es el mejicano Carlos Slim, al Ayuntamiento de Barcelona, por dos delitos continuados de falsedad documental y estafa.
FCC, cuyo prinicpal accionista es el magnate mejicano Carlos Slim, está siendo investigada por estafar presuntamente 800.000 euros al Ayuntamiento de Barceloa
El ministerio público investiga las presuntas irregularidades en la facturación de FCC a raíz de la denuncia que le hizo llegar el Ayuntamiento de Barcelona, que sostiene que la empresa de recogida de residuos habría manipulado en los últimos años datos del servicio de limpieza para hinchar en 800.000 euros sus ingresos a costa del consistorio.
En su escrito, la fiscal sostiene que, «a pesar de la imprecisión de la denuncia» presentada por el consistorio, los hechos relatados «podrían revestir, en principio, los caracteres de delito continuado de falsedad documental y delito continuado de estafa, sin perjuicio de ulterior calificación jurídica».
Según la fiscal, para proseguir con la investigación iniciada «será esencial recabar más documentación», tanto al Ayuntamiento de Barcelona como al periódico El País, que ayer publicó las presuntas irregularidades detectadas a raíz de una investigación propia.
Por ese motivo, además de los contratos mencionados, requiere al Ayuntamiento los datos de aquellos servicios encomendados a FCC que la empresa «tenía obligación de comunicar al consistorio» y en base a los cuales se confeccionaban las certificaciones de pago, desde el año 2013 hasta la actualidad.
También pide la Fiscalía al consistorio la investigación interna que, según indica en su denuncia, ha iniciado para aclarar las supuestas irregularidades.
El ministerio público ha encargado también a la unidad de Policía Judicial de la Policía Nacional que pida al periódico «El País» toda aquella documentación física o digital que tenga en su poder en relación a las presuntas irregularidades denunciadas.
Según publicó ayer este periódico, las irregularidades se centraban en los residuos destinados al reciclaje -plástico, tetrabriks…- y los muebles y trastos viejos, llamados «voluminosos», por los que la empresa cobra según un sistema de tramos.
FCC supuestamente declaraba menos cantidad de la que recogía para ser no penalizada al cambiar de un tramo a otro del volumen de residuos
El sistema de cobro implica que el Ayuntamiento paga menos por tonelada a medida que el volumen de recogida de residuos crece, por lo que se puede dar el caso de que, al saltar un tramo por un escaso margen, FCC acabe ingresando menos dinero si no se hubiera sobrepasado ese límite.
Según algunos correos publicados por el rotativo, algunos responsables de FCC maniobraban para no saltarse algún tramo de toneladas recogidas y evitar así pérdidas para la empresa.
FCC comunicó ayer que había abierto una investigación interna sobre los hechos denunciados por el Ayuntamiento de Barcelona, además de ofrecer su colaboración al Gobierno municipal y a la justicia.
La constructora subrayó que «está prestando y prestará» toda su colaboración a la administración municipal y a la justicia para esclarecer los hechos.