Aseguradoras y grandes patrimonios, que suman un total de cerca de 300 personas físicas y jurídicas, contratan al despacho Jausas para presentar dos demandas, una contra Banco Popular y otra contra Banco Santander, así como un recurso contra la Junta Única de Resolución.
En total se suman unos 100 millones de euros, según señalan desde el despacho a Intereconomía.com, pero la cifra va en aumento ya que continúan actualizando el número de demandantes.
La demanda contra el Banco Popular acoge a los accionistas que tuvieran acciones antes de la ampliación de entre el 26 de mayo y 21 de junio de 2016, al entender que no se dio información adecuada al mercado. Asimismo, también distingue entre los accionistas que compraron acciones en el mercado primerario de los que adquirieron en el mercado secundario, ya que el plazo judicial para reclamar es de cuatro y de un año, respectivamente.
Según fuentes del despacho, con sede en Madrid y Barcelona, Banco Popular no dio información adecuada al mercado, ya que tras la ampliación de capital las pérdidas se dispararon en la entidad financiera. «Estamos ante el mismo caso que Bankia», apuntan.
Asimismo, también actuarán contra Banco Santander por «enriquecimiento injusto», al comprar un banco por un precio menor tras el expolio de la Junta Única de Resolución. Según el despacho, la entidad financiera cántabra tendría que indemnizar a los accionistas de la entidad y pagar un precio más justo por Banco Popular, pero el problema está en calcular el valor de Banco Popular. En Bolsa, su valoración alcanzaba los 1.300 millones de euros, los títulos se expropiaron y se llevaron a cero en la noche del 6 al 7 de junio. Jausas se acoge a las cifras del fondo de comercio de Banco Popular, en positivo según las últimas cuentas.
Recurso contra la JUR
Contra la JUR presentarán un recurso al no hacer público el polémico informe de Deloitte. «Existe falta de motivación y se comete una infracción recogida en la carta de Derechos Humanos, firmada por la UE». En este sentido, desde el despacho apuntan que no se ha llevado a cabo la ley de proporcionalidad tras la expropiación a los cerca de 305.000 accionistas junto con los bonistas de deuda subordinada.
Pese a no confiar en un primer momento en el recurso, señalan que este tipo de organismos se rige por normas distintas a las de cualquier ente público. Aún está por ver si primero el Tribunal de Justicia de la UE admite a trámite el recurso, segundo exige a la JUR el informe de Deloitte, y tercero, la Junta, presidida por Elke Konig, lo facilita. Desde el inicio de las explicaciones sobre el caso Banco Popular, Bruselas se ha negado de forma tajante a facilitarlo, asegurando que contiene datos confidenciales sobre el banco. No obstante, no ha dado a conocer ni una sola línea del mismo. Los abogados exigen que se eliminen esos datos confidenciales y se facilite el informe.
Con todo esto encima de la mesa, ya son más de 10.000 los demandantes contra Banco Popular y la JUR, una oleada por la primera resolución de un banco en Europa donde los accionistas y bonistas han tenido que pagar los platos rotos.