La resolución de Banco Popular cumple un año el próximo 6 de junio sin que los 305.000 ex accionistas y los tenedores de deuda de mayor riesgo aún conozcan el informe de Deloitte en el que se habría apoyado la Junta Única de Resolución, JUR, para llevar a cero toda la inversión en la entidad financiera.
El polémico y valioso documento aún no se ha hecho público, pese a las promesas de la JUR de facilitarlo. Hasta ahora, solo se conoce una parte recortada de este informe, donde se refiere a Banco Popular como «Hipócrates», pero el texto íntegro es clave para poder arrojar toda la luz sobre la resolución de la JUR, que ha actuado hasta ahora con falta de transparencia.
El informe podrá darse a conocer a los jueces, aunque la JUR ya ha afirmado que no tendrá que entregarlo íntegramente. No obstante, en caso de que un tribunal lo exija, el Fondo de Reordenación Bancaria, Frob, sí lo entregará a un juez, aunque pedirá que no lo haga público, ocultando las partes supuestamente confidenciales a los afectados. Asimismo, el MUS denegó a Popular el mismo salvavidas dado al italiano Monte dei Paschi.
Banco Popular fue resuelto en la noche del 6 al 7 de junio de 2017. Un año después, los tribunales continúan investigando el caso, declarado como una causa compleja, por lo que la instrucción podría concluir en 2019. La clave del informe son las distintas valoraciones dadas por Deloitte a Banco Popular, así como las posibles alternativas que había antes de obligar a los accionistas y bonistas perder toda su inversión. De esta forma, si la entidad financiera hubiera entrado en liquidación y su valor fuera mayor que el de la resolución, la JUR, presidida por Elke König, tendría que resarcir a los damnificados.
De hecho, la normativa exige que se hayan estudiado todas las alternativas antes de la resolución, por si hubiera un mejor trato a los inversores. El informe provisional se debía haber publicado ya, pero aún hay partes ocultas y guardadas a buen recaudo para evitar que se conozcan los verdaderos números. Deloitte solo pudo realizar este informe en tan solo 12 días, un período muy corto como para evaluar la situación exacta y real del Popular.
El pronunciamiento del TJUE, clave para las defensas en sus querellas y recursos contra la JUR
Ante la falta de transparencia, los afectados iniciaron una guerra judicial en EE UU, España y ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, donde hay casi un centenar de querellas y recursos contra los responsables de la resolución, entre los que se encuentran el Frob, la propia JUR, y la ex cúpula de Banco Popular. El TJUE está completamente desbordado por este caso.
Entre estos casos se encuentran los de los fondos de inversión liderados por Pimco, Anchorage y Ronit, que perdieron una inversión de 850 millones de euros, junto con la familia chilena Luksic, inversora de Banco Popular con casi un 10% de las acciones poco antes de la resolución, y el ex consejero de Banco Popular Antonio del Valle.
La versión oficial sobre la resolución de Banco Popular es que la entidad financiera carecía de liquidez suficiente para hacer frente a su negocio diario. No obstante, el Gobierno, por medio de Luis de Guindos, ministro de Economía durante la resolución de Banco Popular, afirmaba que era solvente. Sin embargo, numerosas entidades públicas retiraron el dinero de la entidad financiera antes de la caída. Entre estos organismos se encontraba la propia Seguridad Social, empresas vinculadas a Fomento y numerosos Ayuntamientos y Comunidades Autónomas.
La investigación del caso de Banco Popular se alargará un año más en la Audiencia Nacional
De momento, ningún tribunal se ha pronunciado sobre el caso, más allá de los juzgados de primera instancia en relación a la ampliación de capital de 2016 debido a que el equipo de Emilio Saracho, ex presidente del Popular, reguló las cuentas sin tener que reformularlas. En la Audiencia Nacional se espera ahora la decisión del TJUE para aplicar su sentencia, según proceda, a la investigación emprendida y que podría cerrarse como pronto en abril de 2019. En el punto de mira están todos los actores e instituciones vinculadas con la resolución, desde la JUR y el Frob, pasando por el Banco de España y la CNMV, que por ahora solo ha multado a un inversor bajista en Popular antes de la resolución.
Las defensas, hasta ahora, se aferran a que las cuentas presentadas por Banco Popular eran falsas, más cuando el equipo de Saracho detectó unas pérdidas mayores a las publicadas oficialmente. De hecho, los tribunales están dando la razón a los minoristas por la ampliación de capital de 2016, al no reflejar la imagen fiel de la entidad. Estos procesos son muy importantes, ya que si Popular no desveló su imagen real en las presentaciones de resultados los inversores podrían optar por reclamar por esta vía.