El Ayuntamiento de Barcelona, dirigido por Ada Colau, ha reclamado 3,3 millones de euros a FCC por facturar servicios no realizados y por incumplir el contrato de limpieza y recogida de residuos.
Colau ha acreditado estas irregularidades en un expediente informativo abierto en noviembre y cerrado este martes. Anticorrupción había abierto diligencias para investigar el presunto fraude en el servicio de recogida de residuos facturado por FCC, cuyo principal accionionista es el mejicano Carlos Slim, al Ayuntamiento de Barcelona, por dos delitos continuados de falsedad documental y estafa.
La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, y el teniente de alcaldía de Derechos de Ciudadanía, Transparencia y Participación, Jaume Asens, lo han explicado hoy tras dar cuenta de los resultados del expediente en la Junta de Portavoces, que ha acordado llevar al pleno del día 28 la apertura de un expediente sancionador.
Janet Sanz ha explicado que la investigación ha acreditado, entre otras cosas, que FCC alteró el precio del contrato porque certificó 6.130 servicios no prestados o prestados con menos trabajadores entre septiembre de 2013 y diciembre de 2015, o que mezcló residuos selectivos con basura para no ver reducidos sus ingresos.
Por su parte, Jaume Asens ha informado de que el ayuntamiento ha enviado las conclusiones del expediente informativo a la Fiscalía, que investiga si hay delito en estos hechos, lo que podría comportar la inhabilitación de la empresa para contratos con las administraciones.
El ministerio público investiga las presuntas irregularidades en la facturación de FCCa raíz de la denuncia que le hizo llegar el Ayuntamiento de Barcelona, que sostiene que la empresa de recogida de residuos habría manipulado en los últimos años datos del servicio de limpieza para hinchar en 800.000 euros sus ingresos a costa del consistorio.
En su escrito, la fiscal sostiene que, “a pesar de la imprecisión de la denuncia”presentada por el consistorio, los hechos relatados “podrían revestir, en principio, los caracteres de delito continuado de falsedad documental y delito continuado de estafa, sin perjuicio de ulterior calificación jurídica”.